Gracias y desgracias del "chófer de la droga"

Juan Francisco Trujillo Blanco, alias el “chófer de la coca”. En todas las tramas que se precian como tal hay variopintos personajes. Algunos, como es el caso, no tienen el papel de principales, pero acaban robando, valga la expresión, cierto protagonismo a un selecto grupo de implicados.

A este andujareño la vida le cambió cuando se cruzó en su camino el que fuera director general de Empleo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero. Se desconoce si su jefe le abrió las puertas al lado oscuro del alterne sevillano y lupanares de colores, pero lo que sí está claro es su ascendencia y “sabios” consejos para que este humilde conductor mutara en empresario y creara cinco sociedades a golpe de subvenciones de la Junta. Más de 1,3 millones de euros subieron río arriba hasta Andújar para regar las empresas fantasma creadas “ad hoc” y para que, en teoría, se perdiera la trazabilidad del dinero público. A una de ellas la bautizó como "Iniciativas Turísticas de Sierra Morena", un guiño al terruño.

Este era parte del milagro económico del momento, un hombre sin apenas formación, y menos financiera, creaba una trama para defraudar dinero público con menos papeles que una liebre. Del Lobo de Wall Street, de Scorsese, a un remedo de lince ibérico para los negocios con la Administración amiga. Y aquí se acaban las analogías con la película, con la salvedad del gusto de los implicados por las emociones fuertes y la bacanal diaria en la que vivían, al menos, dos de los implicados en esta parte “sucia” de la trama. Menos lanzamiento de enano, digamos que dejaron el listón alto.

Del suculento “botín” no llegó a pagar nunca ni un solo euro de impuestos y, precisamente, este hecho resultó crucial, porque Hacienda juega en otra división en eso de seguir el olor del dinero. Y es que, en 2011, precisamente, por el rastro de unas facturas falsas apareció, por primera vez en escena, un nombre que, hasta el momento, era, a priori, otro empresario más que había jugado con fuego con una subvención. En aquella ocasión, no pagó en impuestos por valor de 150.860 euros por una subvención de 450.000 que le concedió su ínclito jefe.

Sin embargo, este naipe perdido de la baraja de los ERE tendría un valor añadido, porque con el discurrir de expedientes abiertos volvió a tropezar, “mutatis mutandis”, con idéntica piedra por defraudar, allá por 2016, 165.000 euros de otra ayuda concedida por su magnánimo patrón, por ésta tuvo que aceptar una condena de año y medio de cárcel y, lo más importante, rompió la "entente cordiale" con su compinche de desventuras y cantó, vaya si cantó.

La instrucción, en primera instancia, realizada por la entonces anónima Mercedes Alaya dejó una mácula de vergüenza pública sobre la gestión de estas subvenciones. El otrora insignificante chófer pasaría a formar parte de un imaginario colectivo de golfos cercanos que dilapidaron algo más que dinero público. Y es que ante la jueza cogió vuelo una de las rutinas de esta singular pareja, que aún resuena como letanía maldita más allá del sumario: fiestas, coca y regalos de lujo. El conductor llegó a gastar, según su propio relato, 25.000 euros al mes en la compra de cocaína, para consumo propio y para su jefe, a razón de cinco gramos diarios. En su defensa, Guerrero, tiró de sorna y alegó que él era más de "Marboro y gintonic"

Y es que el chófer, acorralado o no, tiró de una manta que comenzó a dejar en evidencia a los integrantes de una trama en la que su testimonio fue clave en los dilatados procesos penales de estos ERE fraudulentos. En estos casos concretos no salió mal parado, porque, por ejemplo, por las dilaciones indebidas en una de las causas que pasaron de Sevilla a los Juzgados de Andújar cumplió solo un año a la sombra. El asesoramiento "premium" que recibía quizá sirva para explicar cómo fue capaz de hacer desaparecer el dinero. De hecho, la archiconocida jueza tuvo que declararlo insolvente, pues de las ocho cuentas embargadas el único dinero que afloró en aquella investigación fue 1,64 euros. La broma se cuenta sola. Su rastro patrimonial, valga la comparación, dejó menos huella que sus correrías nocturnas.

Ahora el caso de los ERE vuelve a poner bajo el foco mediático en él. En estos días, quedará visto para sentencia su caso, que no es uno cualquiera. Un epítome zafio de años de descontrol. La Fiscalía Anticorrupción le pide una pena de 14 años de prisión y 30 de inhabilitación y el pago de 1,5 millones de euros. Es un decir, lo del pago. Había barra libre.