Agricultores de olivar tradicional de Jaén defienden las plantas de biometano como solución al alperujo

La implantación de plantas de biometano en distintos municipios de la provincia de Jaén ha abierto en los últimos meses un intenso debate social y político. Plataformas vecinales han recogido firmas y protagonizado movilizaciones en varios municipios ante el temor a posibles olores, impactos ambientales o proximidad a los núcleos urbanos. Algunos ayuntamientos, de hecho, han revisado o paralizado iniciativas tras la presión ciudadana, mientras que otros continúan adelante con la tramitación.

En este contexto de división, el secretario de la Asociación del Olivar Tradicional Español (Asolite), José Felguera, defiende que estas instalaciones representan “la solución más razonable” para gestionar el alperujo y otros subproductos derivados de la actividad oleícola.

“Algo hay que hacer con los residuos del olivar”, afirma Felguera, quien subraya que el alperujo es un problema propio del sector y que, por tanto, deben implicarse en buscar alternativas viables. “Ese residuo es nuestro y tenemos que darle una solución”, insiste.

Respaldo técnico y normativo

Felguera asegura que su posicionamiento no responde a una opinión personal, sino a los informes técnicos y a los criterios marcados por las administraciones públicas. Según explica, tanto a nivel nacional como europeo se considera el biometano una vía adecuada para valorizar este subproducto agrícola.

“El proyecto es viable y está avalado por las administraciones”, señala. A su juicio, la transformación del alperujo en gas renovable y fertilizantes supone una doble ventaja, por un lado, la obtención de energía; por otro, la generación de un abono aprovechable en el campo. Incluso el residuo sólido restante puede destinarse a compostaje ecológico.

En cuanto a una de las principales preocupaciones ciudadanas, los olores, Felguera sostiene que las plantas deben funcionar con sistemas herméticos y que la normativa impide mezclar el alperujo con otros residuos, especialmente de origen animal. “Si se mezclaran, la planta se cerraría”, afirma, recalcando que el cumplimiento de las exigencias ambientales es condición indispensable para su funcionamiento.

Oposición social y decisiones municipales

La controversia, sin embargo, sigue presente en la provincia. Diversas plataformas ciudadanas han expresado su rechazo a la ubicación de estas plantas cerca de zonas habitadas. Felguera reconoce el derecho de los vecinos a manifestarse y a oponerse a proyectos que no consideren adecuados, pero que dan solución a un problema en el campo y que están avalados legalmente.

Estamos hablando de nuevas tecnologías y de una industria novedosa; muchas veces el desconocimiento genera dudas

Aun así, recuerda que en otros países europeos existen numerosas plantas de biometano en funcionamiento desde hace años, y pone como ejemplo el aprovechamiento de subproductos del vino en Francia. “Estamos hablando de nuevas tecnologías y de una industria novedosa, muchas veces el desconocimiento genera dudas”, apunta.

Una necesidad para el sector

Desde el punto de vista del olivar tradicional, el debate trasciende lo ambiental y se sitúa en la necesidad de gestionar un residuo que no puede destinarse a vertederos y cuya acumulación generaría un problema mayor. “Si no se transforma en fertilizante o en energía, el problema es bastante grande”, advierte.

Asolite, asociación de ámbito nacional con representación en prácticamente todas las zonas de olivar tradicional de España y con alrededor de 4.000 o 5.000 socios, ha abordado internamente esta cuestión. Según Felguera, antes de fijar postura solicitaron informes técnicos tanto a las administraciones como a profesionales especializados. Tras analizarlos, consideran que los proyectos deben seguir adelante siempre que cumplan estrictamente la normativa.

“El funcionamiento es claro, la administración fija unas exigencias y, si no se cumplen, se cierra la planta”, explica. En su opinión, si las instalaciones respetan las reglas ambientales, de distancia y de seguridad, no tendría sentido bloquear una actividad que permite reconvertir un residuo en energía y fertilizante.