Más de un año después, el conflicto de las megaplantas solares sigue latente en Jaén con las licencias en 'standby'

El conflicto por la implantación de megaplantas solares en la Campiña Norte de Jaén se encuenttra en un limbo administrativo. A más de un año del inicio de los trámites y tras meses de manifestaciones, recursos administrativos y anuncios de expropiaciones, los proyectos fotovoltaicos previstos en los términos municipales de Lopera, Arjona, Arjonilla y Marmolejo siguen sin una resolución definitiva. Lejos de disiparse, la polémica se ha cronificado y mantiene enfrentados a agricultores, plataformas ciudadanas, ayuntamientos, Junta de Andalucía y empresa promotora.

Fue en noviembre de 2024 cuando la Junta de Andalucía inició el proceso de expropiación de más de un centenar de propiedades para la ejecución de dos megaplantas solares y sus infraestructuras de evacuación. En aquel momento, las plataformas vecinales alertaron de una afección que podría alcanzar hasta 100.000 olivos, hoy se ha reducido esa cifra a unos 50.000 olivos.

De la protesta social a la ofensiva jurídica

La reacción del territorio no se hizo esperar. Ya en agosto, la plataforma SOS Rural, junto a la Asociación Ecología y Libertad y con el apoyo de la Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares, emprendió nuevas acciones legales contra los proyectos promovidos por la empresa Greenalia. Aquellas iniciativas se integraron en una macrocausa jurídica de ámbito estatal para frenar la instalación de grandes plantas fotovoltaicas en tierras agrícolas de alto valor productivo.

Las asociaciones denunciaron entonces que los proyectos habían sido fraccionados en varias plantas de menos de 50 megavatios para eludir la competencia del Ministerio para la Transición Ecológica y evitar una evaluación ambiental ordinaria y conjunta. En su lugar, se habrían tramitado expedientes independientes mediante procedimientos simplificados ante la Delegación Territorial de Industria y Energía de la Junta de Andalucía.

El pulso ha dado varios giros en este mes de noviembre y diciembre. El pasado mes, el Ayuntamiento de Lopera anunció la suspensión temporal de las licencias vinculadas a los proyectos fotovoltaicos hasta que la Junta resolviera los recursos de revisión presentados. El equipo de gobierno defendió que la decisión estaba “plenamente ajustada a la legalidad” y respondía a los procedimientos administrativos establecidos.

Sin embargo, la medida fue recibida con cautela por las plataformas ciudadanas. Según explica Rafael Alcalá, portavoz de la Plataforma Campiña Norte, la paralización quedó supeditada a que las consejerías de Industria y de Medio Ambiente admitieran o inadmitieran los recursos de revisión, una condición que consideran inadecuada.

Industria ya ha comunicado la inadmisión del recurso, mientras que Medio Ambiente no ha emitido una respuesta clara, derivando la responsabilidad a la primera consejería. A pesar de ello, el Consistorio loperano dictó un nuevo decreto que deja sin efecto la suspensión inicial, al entender que se han cumplido las condiciones establecidas, según la plataforma. "La Consejería de Medio Ambiente no ha dicho ni que no, ni que sí, queremos una respuesta clara", manifiesta Alcalá a esta Redacción, quien insiste en que cada consejería debe contestar por separado a un recurso que fue dirigido a ambas. Desde la plataforma denuncian que, según el propio decreto inicial, la paralización debería mantenerse mientras no exista un pronunciamiento expreso de ambas administraciones.

Desde la plataforma, sin embargo, sostienen que esa interpretación es interesada. El recurso se presentó ante ambas consejerías y, por tanto, ambas "deberían" contestar de forma clara. “No vale derivar la responsabilidad”, insiste Alcalá, que considera que el silencio de Medio Ambiente no puede entenderse como una respuesta válida. A su juicio, mientras no exista un pronunciamiento explícito de las dos administraciones, el decreto de paralización debería seguir vigente.

La portavoz del equipo de gobierno, Isabel Uceda, informó que la empresa promotora Greenalia envió requerimientos urgentes tanto a la alcaldesa, Carmen Torres, como al secretario y la aparejadora municipal. En dichos escritos, la compañía advierte que el retraso en la concesión de las licencias, que consideran un acto reglado y obligatorio al tener ya la Declaración de Utilidad Pública de la Junta, podría constituir un delito de prevaricación administrativa . Este delito implicaría penas de inhabilitación de 9 a 15 años y, en los casos más graves, prisión . Además, la empresa ha cuantificado la responsabilidad patrimonial por los daños en más de 150 millones de euros.

"Estamos ante un tema muy serio". "El Ayuntamiento está obligado a continuar el procedimiento y ya ha solicitado que se emita informe jurídico", explicó Uceda, subrayando que las licencias urbanísticas no permiten margen de subjetividad.

"No es un proyecto fragmentado"

El núcleo del conflicto sigue siendo la posible fragmentación de un megaproyecto fotovoltaico para evitar que sea evaluado en su conjunto por el Ministerio para la Transición Ecológica. Las plataformas denuncian que lo que se presenta como varios proyectos independientes es, en realidad, una única actuación de entre 450 y casi 500 hectáreas, con una potencia global superior a los 300 megavatios. La división en plantas de menor tamaño permitiría, según esta tesis, sortear una evaluación ambiental ordinaria y estatal.

“No es lo mismo evaluar el impacto ambiental de un proyecto de 30 hectáreas que el de uno de 500”, repite Alcalá, que considera que esta diferencia es clave para entender el conflicto. Para ilustrarlo, recurre a un ejemplo sencillo: si un vecino presenta un proyecto de obra con irregularidades, el Ayuntamiento puede paralizar la licencia hasta que se aclare la legalidad sin que eso suponga prevaricación. “Paralizar no es denegar”, subraya, insistiendo en que el Consistorio tiene margen legal para actuar como administrador de los intereses del municipio.

Siguiente paso

En este contexto, la vía judicial aparece como el siguiente paso inevitable. Si se formaliza la inadmisión de los recursos de revisión, la Asociación Ecología y Libertad prepara un recurso contencioso-administrativo para que sea un juez quien determine si existe o no fraude de ley en la fragmentación de los proyectos.

Aunque los proyectos se reparten administrativamente entre Lopera, Arjona y Marmolejo, el impacto real se concentra de forma abrumadora en Lopera. De los ocho proyectos previstos, cuatro afectan directamente a propietarios de este municipio. Más de 200 hectáreas corresponden a tierras cuyos dueños son vecinos de Lopera, aunque parte de esas superficies se encuentren en términos municipales colindantes. Alcalá insiste en que aquí se ha jugado deliberadamente con los datos, confundiendo término municipal con propiedad para minimizar el impacto real.

Hasta el momento, se han talado alrededor de 5.000 olivos, en noviembre del año pasado. “No son 100.000, pero 50.000 olivos siguen siendo una barbaridad los que podrían verse arrancados”, resume Alcalá. Mientras tanto, en Arjona y Marmolejo la empresa promotora no ha solicitado licencias de obra, algo que para la plataforma resulta "llamativo". Si se tratara de proyectos independientes, sostienen, la empresa presionaría a los tres ayuntamientos por igual. El hecho de que toda la presión se concentre en Lopera refuerza, según Alcalá, la idea de que sin la licencia de este municipio el resto del proyecto no tiene sentido.

En este sentido, Alcalá sostiene que el interés de la empresa no es tanto construir las plantas como obtener la licencia de obra, ya que esa licencia permite vender el proyecto. Mientras no exista, el negocio no se cierra. De ahí, afirma, la presión constante sobre el Ayuntamiento de Lopera.

Desde el Consistorio se defiende que todas las actuaciones se ajustan a la legalidad y se ha denunciado la existencia de presiones para adoptar decisiones contrarias a la ley. Las plataformas rechazan esta acusación y aseguran que nunca han pedido nada ilegal. “Cuanto más legal sea todo, mejor para todos”, afirma Alcalá, que recalca que paralizar una licencia para despejar dudas jurídicas no solo es legal, sino prudente.