Nuevo paso para detener las megaplantas solares en el olivar de Jaén: anuncian nuevas acciones legales

No se van a detener los agricultores jiennenses en su empeño por salvar sus olivares de los macroproyectos fotovoltaicos que se están instalando en la provincia. La plataforma ciudadana SOS Rural, junto a la Asociación Ecología y Libertad y con la colaboración de la Plataforma Campiña Norte contra las megaplantas solares, emprendió nuevas acciones legales contra los proyectos fotovoltaicos promovidos por la empresa Greenalia en los términos municipales de Lopera, Arjona y Marmolejo.

Estas medidas, financiadas con donaciones de ciudadanos, formaran parte de la macrocausa jurídica que ambas asociaciones impulsan a nivel nacional con el objetivo de frenar la expansión de macroplantas solares en tierras agrícolas de alto valor productivo.

Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural, afirmó que la causa comenzaba en la comarca de la Campiña Norte, donde “se arrancaban miles de olivos tradicionales para sustituirlos por placas de hierro y cristal”, y que se escalaría a otros territorios de España con situaciones similares.

Por su parte, Rafael Alcalá, portavoz de la plataforma Campiña Norte, recordó que ya se había interpuesto una denuncia penal por prevaricación ambiental y que ahora se abría “una nueva vía legal” porque, según dijo, los políticos ignoraban las reclamaciones ciudadanas.

Las acciones ejecutadas consistieron en la presentación de solicitudes de revisión de oficio ante la Junta de Andalucía de las autorizaciones sectoriales y ambientales concedidas a siete plantas fotovoltaicas y a dos infraestructuras de evacuación. Las asociaciones alegaron que los permisos estaban afectados por vicios que los hacían nulos, como el fraccionamiento ilegal de un megaproyecto de 310 MW para evitar la competencia estatal y una evaluación ambiental conjunta.

Las autoridades están advertidas

Corbalán explicó que se informó a alcaldes y autoridades autonómicas de las consecuencias legales y patrimoniales de conceder licencias si las autorizaciones eran anuladas. Margarita Fernández, presidenta de Ecología y Libertad, pidió a los consistorios suspender la tramitación de permisos a la vista de la posible nulidad.

Asimismo, las plataformas solicitaron acceso a los expedientes completos de licencias y autorizaciones, tanto en los ayuntamientos implicados como en la Consejería de Industria, Energía y Minas. Corbalán advirtió que, si los políticos no frenaban lo que calificó como “expansión caótica y especulativa” de la energía fotovoltaica, acudirían a los tribunales hasta sentar jurisprudencia.

Cabe recordar además que a principios del pasado mes de julio fueron, además, encontrados en los trabajos arqueológicos previos a la instalación de una nueva plantación fotovoltaica, unos importantes restos romanos, entre los que se encontraría un acueducto. Desde la empresa encargada de esta inspección arqueológica insisten en la necesidad de proteger este yacimiento del expolio toda vez que evitan hacer cualquier valoración antes de emitir un informe oficial.