Caso del calabozo de Jódar: el futuro de la investigación se define en noviembre

La investigación sobre el posible homicidio de un vecino de Jódar en el calabozo de la Policía Local lleva más de dos meses estancada. La última persona que declaró, como testigo, en el Juzgado de Instrucción número 1 de Úbeda fue el médico que, el 30 de octubre de 2020, a primera hora de la madrugada, atendió al fallecido, Cristóbal Montávez, y a los dos policías locales que lo habían detenido por desórdenes públicos y que, ahora, están investigados por los hechos. Su testimonio no sirvió para aclarar las contradicciones temporales entre las versiones de aquellos dos agentes, el atestado de la Guardia Civil y el informe del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que sitúan a Cristóbal en el centro de salud y en las dependencias de la Policía Local al mismo tiempo durante casi dos horas, antes de que el arrestado acaba ahorcándose con un cordón en el calabozo, de acuerdo al relato oficial, ratificado por el informe de autopsia. El juez de instrucción rechazó en su momento llamar a declarar a otros profesionales sanitarios que trabajaron aquella noche en Urgencias -dos enfermeras y un celador-. En abril, la acusación particular, ejercida por la familia de Cristóbal, presentó un recurso de apelación contra esa decisión para lograr no sólo que testifiquen esas personas en el Juzgado, sino también que el centro de salud aporte las imágenes captadas por sus cámaras seguridad durante toda la madrugada de los hechos. Los Montávez entienden que son pruebas fundamentales que ayudarían a arrojar luz sobre la oscuridad. De momento, el fiscal, que no ha estado presente en ninguno de los interrogatorios que ha acogido el Juzgado en los últimos meses, ya se ha opuesto al recurso, pero será la Audiencia Provincial de Jaén la que resuelva si se estima o no, y no lo hará hasta el próximo 5 de noviembre, tal y como ha podido saber Jaén Hoy. Se trata de una decisión clave porque, según fuentes de la investigación, si el recurso no prospera, lo más probable es que el juez, sin más pruebas por practicarse, acabe decretando el archivo del caso, como ya hiciera en 2021 su antecesora.

En el supuesto de que se repitiera la historia, los Montávez no descartan volver a recurrir la decisión en todas las instancias posibles, incluyendo el Tribunal Constitucional, que, en diciembre de 2024, ya ordenó reanudar la instrucción tras el primer carpetazo del Juzgado de Úbeda. La cuestión es que, entonces, la Sala Segunda del tribunal de garantías -con dos votos particulares discrepantes- dio un tirón de orejas al Juzgado de Instrucción, que “denegó o dejó de atender a varias de las diligencias solicitadas a lo largo del procedimiento por la acusación particular”, según su sentencia. “La insuficiente actividad probatoria desplegada por el órgano instructor no permite mínimamente colmar las lagunas en la reconstrucción de lo sucedido, quedando sin respuesta aspectos elementales y decisivos de la instrucción como las propias circunstancias en que se produjo la muerte, el origen del cordón con el que se produjo el ahorcamiento, el concreto recorrido y las condiciones en que se produjo la detención y en particular, las razones por las que se localizaron restos de sangre del fallecido en lugar distinto de la detención o la corrección en las labores de atención o vigilancia del detenido atendido su estado”, se destacó en el fallo.

Últimas pruebas: luces y sombras

Entre esas pruebas que quedaron sin practicarse en su momento estaban las declaraciones judiciales de los agentes de la Policía Local implicados en el caso, del denunciante y del personal auxiliar del centro de salud, además de la geolocalización de los teléfonos móviles de Cristóbal y de los agentes. Son cuestiones que se han saldado, pero sólo en parte. Ante el juez han declarado los dos policías y el médico que los atendió tanto a ellos como a Cristóbal la noche de marras. Sin embargo, el titular del Juzgado dejó claro que no llamaría a testificar al resto del personal sanitario que estaba en el centro de salud porque sus versiones son, según su criterio, “innecesarias e inútiles”. Por otro lado, se intentó triangular las señales de los teléfonos móviles de los implicados, pero en el caso de Cristóbal fue imposible porque, casi cinco años después, la compañía telefónica no conservaba ya información al respecto.

En cuanto a la grabación de las cámaras de seguridad, lo que se ha facilitado hasta el momento es un fragmento de una hora, entre las 23:00 y las 00:00, que sólo sirve para constatar que los policías no llegaron con Cristóbal a Urgencias hasta después de la medianoche, algo que ya declararon los propios agentes y consta en el parte de asistencia sanitaria y en el informe del SAS, aunque con escasos minutos de diferencia entre las distintas versiones. Sin embargo, con esas imágenes resulta imposible comprobar a qué hora se fueron de allí. Y es ese el verdadero quid de la cuestión. En todo caso, la última palabra la tiene, por ahora, la Audiencia Provincial. Pero para conocerla hay que esperar hasta noviembre.