El caso Koldo-Cerdán-Ábalos en Jaén: quién es quién en el supuesto amaño de la A-32

Jaén/La supuesta irregularidad en el marco del caso Koldo-Cerdán-Ábalos sobre la modificación de un tramo de la A-32 en la provincia de Jaén se explica a través de cuatro claros protagonistas. En su extenso informe entregado al juez instructor del Tribunal Supremo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incluye tres expedientes licitados por el Ministerio de Transportes “en los cuales se pudiera haber tratado de beneficiar de forma irregular” a la constructora Obras Públicas y Regadíos (OPR) a cambio de mordidas. En el caso de Jaén, se trata del proyecto del modificado número 2 del tramo Úbeda-Torreperogil de la A-32, aprobado por la Dirección General de Carreteras a finales de 2019. ¿Qué hubo, presuntamente, detrás de ese proceso y a quiénes señala el Instituto Armado?

Fernando Agustín Merino Vera. Es el empresario que trabajaba para Acciona como director del departamento de Navarra y La Rioja al que la UCO identifica como “interlocutor” de Koldo García “defendiendo los intereses” de OPR para favorecer a la constructora con el supuesto amaño relacionado con la provincia de Jaén. Es cuñado de los hermanos Daniel y Antonio (Toño) Fernández Menéndez, que eran administradores mancomunados de OPR en aquella época. El primer contacto entre García y Merino del que tiene constancia la Guardia Civil se produjo el 10 de septiembre de 2015, vía email. Según el informe de la UCO, el empresario le expuso al exasesor de Ábalos -que venía de ser concejal del PSN en el municipio navarro de Huarte- “una serie de dudas sobre un pliego y un futuro contrato relacionado con lo que denominó ‘la matriz de geoalcali (HIGHFIELD RESOURCES)’”.

Desde entonces, Merino le “habría señalado” a García “obras que resultarían de interés para Acciona, lo que habría generado posteriormente contraprestaciones a los investigados”. En agosto de 2019, le envió una imagen del proyecto de modificación número 2 del tramo Úbeda-Torreperogil de la A-32 con varias indicaciones: “Aprobar técnicamente en agosto, y también la anualidad económica para 2019 […] Así se puede terminar la obra antes de final de año […] Autovía A32 Linares/Albacete, tramo Úbeda-Torreperejil [sic]”. Un par de semanas después, le volvió a escribir para advertirle de que había “un funcionario pidiendo aclaraciones o cosas” sobre el “asunto del expediente”: “Es importante no dejarlo”. Un mes después, Merino siguió metiendo prisa a García y le pidió que le diera un “empujoncito a todos los amigos”.

Agentes de la UCO registraron este martes la casa de Merino en Huétor Vega (Granada), municipio en el que lleva empadronado desde 2022. La Guardia Civil había solicitado permiso para ello en su informe. Según los investigadores, el empresario “podría albergar en su domicilio documentación e información en sus dispositivos electrónicos que resulten de especial relevancia para los hechos investigados, así como dinero en efectivo”. También pidieron al juez luz verde para registrar el antiguo correo electrónico de Merino en Acciona y que la empresa facilite “cualquier otra documentación o información” relacionada con su exdirectivo, además de “toda la documentación tanto en formato físico como digital” de los expedientes de adjudicación de cinco proyectos de obra pública -dos contratados por la Dirección General de Carreteras y tres por Adif-. Acciona aseguró este jueves que despidió a Merino en 2021, aunque no aclaró los motivos.

Koldo García Izaguirre. Hombre clave en la supuesta trama al que la Guardia Civil señala como mediador entre los antiguos responsables de OPR y exaltos cargos del Ministerio de Transportes para facilitar adjudicaciones ilegales de contratos de obra pública a la constructora. En el caso del tramo de la A-32 de la provincia de Jaén, la UCO encontró en uno de sus dispositivos móviles una nota del 29 de marzo de 2019 que rezaba: “Úbeda a torreberogil aprobar el modificado ya y como viene y es de opr [sic]”. Tras ello se sucedieron los mensajes con Fernando Merino -como representante oficioso de OPR- y otros con Javier Herrero y Camino Arce, que entonces eran director general de Carreteras y subdirectora general de Construcción, respectivamente.

Javier Herrero Lizano. Era el director general de Carreteras del Ministerio de Transportes cuando se gestó la presunta irregularidad relacionada con Jaén. La UCO sostiene que García le reenvió los mensajes que había recibido de Merino en agosto de 2019 con las indicaciones sobre la modificación del tramo de la A-32 objeto del presunto amaño. Su firma es una de las que aparece en el documento del 25 de octubre de 2019 en el que se aprobó el modificado y en el cual “se incluyen los dos aspectos que Fernando Merino le había destacado a Koldo en los mensajes”, de acuerdo a la Guardia Civil. Fue cesado como director general de Carreteras en octubre de 2022.

Camino Arce Blanco. La suya fue la otra firma que, como subdirectora general de Construcción de la Dirección General de Carreteras, figuraba en aquel documento en el que se dio luz verde a la modificación del tramo de la A-32. De acuerdo a la UCO, en diciembre de 2019 envió a García una imagen del documento en el que se aprobaba el importe del modificado y se ordenaba librar a OPR un pago de más de 1,9 millones de euros. “lo conseguimos!! [sic]”, le escribió, según la Guardia Civil, en un mensaje seguido de otro: “Para que veas lo complicado que es dar un paso… en este trabajo”.

Arce dejó aquel puesto en el Ministerio de Transportes en abril de 2023, tras casi cinco ocupándolo, aunque actualmente sigue ligada a ese departamento gubernamental. Desde hace más de dos años es directora técnica y de desarrollo de negocio en la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt), empresa pública tutelada por la Secretaría General de Transporte Terrestre, que depende, a su vez, del Ministerio de Transportes. Su capital es cien por cien por cien propiedad del Estado.