Confirman que hubo irregularidades en la tramitación medioambiental de las megaplantas solares de Jaén

Golpe judicial a la instalación de las megaplantas solares en la Campiña Norte de Jaén. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Andújar ha confirmado en un auto fechado el 26 de enero de 2026 que los proyectos fotovoltaicos promovidos en Lopera, Marmolejo y Arjona presentan irregularidades “idénticas” a las que motivaron la anulación de otra planta similar en Córdoba por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Según recoge la resolución judicial, a la que ha tenido acceso este medio Jaén Hoy, los proyectos jiennenses "adolecen de anomalías" que ya fueron consideradas constitutivas de “fraude de ley” ambiental en el caso de la megaplanta proyectada en Bujalance y Montoro, anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en julio de 2025.

Fragmentación de proyectos para eludir controles estatales

Uno de los aspectos más relevantes señalados por la magistrada es la posible fragmentación artificial de un gran complejo energético en varios proyectos inferiores a 50 megavatios (MW), algo que vienen denunciando tanto los agricultores como los ecologistas desde el inicio del proceso.

Esta división permitiría que las plantas sean autorizadas por la Junta de Andalucía en lugar de quedar bajo la supervisión directa del Ministerio para la Transición Ecológica, competente en instalaciones de mayor potencia. Además, impediría una Evaluación Ambiental Ordinaria conjunta, que analizaría el impacto global sobre el territorio. La resolución del juzgado de Andújar apunta que esta práctica sería calcada a la detectada en Córdoba, lo que refuerza las sospechas de fraude de ley ambiental en la Campiña Norte de Jaén.

“Las autorizaciones sectoriales y ambientales concedidas por la administración autonómica están en fraude de ley y son nulas de pleno derecho, ya que fragmentando un gran proyecto en varios evitan que el Ministerio para la Transición Ecológica los supervise, por ser inferiores a 50 MW, e impiden una Evaluación Ambiental Ordinaria Conjunta que analice el impacto global sobre el ecosistema y la economía agrícola del territorio”, explica Margarita Fernández, presidenta de Ecología y Libertad, que hace unos días denunciaba haber recibido presiones de la empresa Greenalia para cesar en sus declaraciones sobre este asunto.

Cabe recordar en este punto que ya hace más de un año, la Plataforma Contra las Megaplantas Solares interpuso una denuncia penal por posibles delitos contra la flora y la fauna y un delito de prevaricación ambiental contra las administraciones y empresas responsables de este proyecto: a la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, siendo su delegado territorial Javier Calvente; a la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, siendo su delegada Mª José Lara Serrano; a Greenalia Solar Power San Julián I, S.L.; a Greenalia Solar Power Zumajo II, S.L.; a Greenalia Solar Power Guadame III, S.L. y a FRV Arroyadas 1, S.L..

Impacto ambiental

Según se recoge en el auto, los proyectos fotovoltaicos implican la tala de miles de olivos centenarios, uno de los principales activos económicos y culturales de la provincia de Jaén. Además, la magistrada subraya que en los expedientes analizados se omite adecuadamente la protección de especies vulnerables presentes en la zona, como el alzacola rojizo, ave incluida en catálogos de protección.

Las plataformas ciudadanas alertan de que no se trata de simples errores técnicos, sino de irregularidades advertidas con anterioridad, lo que podría agravar la responsabilidad administrativa e incluso penal de los responsables, según la parte denunciante.

Aunque el juzgado ha derivado la cuestión principal a la jurisdicción contencioso-administrativa, los denunciantes han presentado recurso ante la Audiencia Provincial de Jaén al considerar que los hechos podrían encajar en delitos contra el medio ambiente y prevaricación administrativa. En paralelo, ya se encuentra en tramitación un recurso contencioso-administrativo ante el TSJA contra las autorizaciones concedidas por la Junta de Andalucía.

“No estamos hablando de errores técnicos, sino de irregularidades conocidas y advertidas con anterioridad, por lo que resulta imprescindible adoptar medidas cautelares para evitar daños ambientales y económicos irreparables”, señala Ana Rocío Ruiz, abogada de la Plataforma Campiña Norte Contra las Megaplantas Solares.

Riesgo económico para los ayuntamientos de Lopera, Arjona y Marmolejo

El auto judicial reabre también el debate sobre la responsabilidad patrimonial de los ayuntamientos implicados. Colectivos como SOS Rural y la Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares advierten de que, si se conceden licencias y posteriormente los proyectos son anulados, los consistorios podrían enfrentarse a:

• Reclamaciones millonarias por parte de las promotoras.
• Demandas de agricultores por funcionamiento anormal de la administración.
• Costes de demolición y restauración ambiental.
• Indemnizaciones por daños patrimoniales.

Avisan así de que el riesgo económico, sostienen, podría ser “devastador” para las arcas municipales. “Ahora ya no hay excusas por parte del Ayuntamiento de Lopera, y deberían también tomar nota los de Arjona y Marmolejo, para decretar un nuevo decreto de Alcaldía en el que se paralice la concesión de licencias. La juez remite el proceso a la vía administrativa, cosa que ya está hecha mediante el recurso presentado en el TSJA por Ecología y Libertad y SOS Rural, y hasta que no haya un veredicto a este recurso contencioso administrativo los ayuntamientos deberían tener la prudencia de paralizar las licencias”, expone Rafael Alcalá, portavoz de la Plataforma.

La línea de alta tensión Doña María–Guadame, también bajo sospecha

Otro de los focos de controversia de estos proyectos, desde el inicio de su implantación hace ya más de año y medio, es la línea de evacuación eléctrica Doña María–Guadame, que atraviesa municipios como Montoro, Bujalance, Villa del Río, Marmolejo y Lopera.

Según los denunciantes, si las plantas que alimentan esta infraestructura estuvieran afectadas por nulidad, la línea de alta tensión quedaría igualmente comprometida desde el punto de vista jurídico.

Además, agricultores de la zona alertan de que la instalación de postes de gran tamaño y el uso de maquinaria pesada afectarían a parcelas de alta productividad, especialmente en terrenos vinculados a comunidades de regantes de Lopera.