Reclaman, de nuevo, a la Junta la retirada inmediata del amianto en el Colegio Virgen de Cuadros de Bedmar

Los vecinos de Bedmar continúan a la espera de recibir una solución para el colegio público Virgen de Cuadros ante la presencia de amianto en su tejado. Este material, detectado en 2022 por la empresa que instalaba unas placas solares, ponía en alerta a los cerca de 200 alumnos que estudian en el centro. Ya el pasado 23 de mayo la comunidad escolar decidía protestar a las puertas del colegio, remitiendo desde entonces hasta cuatro cartas a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía para solicitar su retirada, sin obtener respuesta alguna.

Por su parte, el Ayuntamiento responsabiliza a la Junta de su retirada, mientras que el portavoz del grupo municipal popular reprocha al equipo socialista local por la pasividad. Señalan que desde 2016 existía un plan conjunto para eliminar el fibrocemento de los centros educativos, pero que no se incluyó este colegio. En este sentido, la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados exige a los ayuntamientos censar y retirar el amianto de los edificios públicos bajo su titularidad, priorizando los más peligrosos y vulnerables.

El problema persiste

Nuevamente, desde la formación socialista reclaman una intervención inmediata. "La AMPA y el alcalde le están solicitando que haga un plan para esa retirada, que el delegado de Educación les dé una reunión por lo menos y que puedan avanzar en ello”, exigía la parlamentaria Mercedes Gámez a la consejera durante la Comisión de Educación del Parlamento andaluz.

Gámez aprovechó para preguntar a la Junta “cuándo va a elaborar un plan de retirada del amianto”, puesto que “el último fue el que dejó hecho el PSOE”. En esta acusación, la socialista advirtió de la presencia continuada de este material en diversos centros. "Ni siquiera están investigando si hay más”. Asimismo, recordó que, a pesar de las insistencias del colegio bedmareño, el delegado se limita “a decir algunas incongruencias y a faltar a la realidad” en sus declaraciones públicas, “cuando lo que tendría que hacer es ver cómo retirarlo”.

Mientras autoridades locales y autonómicas se culpan mutuamente por la demora, la comunidad escolar asiste a un riesgo real para los niños. “No me venga con que le faltan millones. Tiene dinero más que suficiente en sus presupuestos para atender lo que siempre se había atendido en Andalucía”, terminó por reprochar la parlamentaria.