Rafael Morales seguirá al frente de la Audiencia Provincial de Jaén
Tribunales
El pleno del Consejo General del Poder Judicial elige al magistrado granadino, que ocupa la presidencia desde 2018, frente a la otra candidata, la titular del Juzgado de Menores de Jaén, María Teresa Carrasco
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El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido este miércoles que Rafael Morales siga siendo el presidente de la Audiencia Provincial de Jaén, cargo que ya ocupa desde 2018, aunque lo hacía en funciones desde 2023, cuando se cumplieron los cinco años de mandato que dicta la ley. El bloqueo de los principales partidos en las Cortes a la renovación del órgano de gobierno del poder judicial en España desde diciembre de 2018 impedía, entre otras cosas, hacer nombramientos en las audiencias provinciales. El acuerdo entre PSOE y PP en junio de 2024 para desencallar esa situación abrió la puerta a las renovaciones pendientes. En el caso de la Audiencia de Jaén, el pleno del CGPJ ha respaldado al magistrado granadino frente a la otra candidata al puesto, la valenciana María Teresa Carrasco, titular del Juzgado de Menores de Jaén.
El anuncio para iniciar la renovación de la presidencia de la Audiencia Provincial jiennense se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en febrero. Los dos candidatos comparecieron telemáticamente en mayo ante la Comisión de Calificación para exponer las claves de su proyecto. En su programa de actuación de Morales apostaba por valerse de “la experiencia acumulada” durante siete años para “corregir los errores e incidir en los aciertos que han supuesto alguna mejora del servicio público que es la Justicia”.
Unificar criterios, rebajar el atasco y apostar por la mediación
Entre sus principales objetivos se encuentran incrementar la interacción entre los magistrados de la Audiencia Provincial para la “unificación de criterios” aumentando la periodicidad de los plenos jurisdiccionales, mantener el “buen clima de compañerismo”, seguir “combatiendo” la pendencia de asuntos en la Sección Civil, continuar insistiendo en “la optimización del uso de las nuevas tecnologías” e impulsar la mediación como “instrumento de solución de conflictos” para reducir la litigiosidad.
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