El Supremo confirma la absolución del alcalde de La Carolina por el caso Fitonovo

El Tribunal Supremo ha ratificado la absolución del alcalde de La Carolina, Cristóbal Pérez (PP), acusado en su momento de haber recibido casi 40.000 euros en comisiones ilegales por favorecer la adjudicación de contratos públicos a la empresa sevillana Fitonovo entre 2009 y 2011, cuando era concejal de Deportes, en el marco del caso bautizado con el nombre de la mercantil hispalense. La Fiscalía lo acusó de cohecho junto a nueve funcionarios de administraciones andaluzas en una de las piezas separadas de la macrocausa derivada de la operación Madeja, iniciada en 2013 bajo la dirección de la juez Mercedes Alaya y ejecutada por la UCO de la Guardia Civil. Entre esas personas también estaban el exjefe del servicio de Infraestructuras de la Diputación de Jaén Miguel Ángel Cruz y un técnico del Ministerio de Fomento en Jaén, Luis Miguel González Palacios. La Audiencia Nacional los exculpó a todos en 2022. En el caso de Pérez, fue por falta de pruebas. La Diputación de Sevilla recurrió el fallo en casación ante el Alto Tribunal para que se condenara a uno de los indultados, su exjefe del Servicio de Carreteras, Carlos Manuel Podio, al que reclamaba 111.822 euros. Sin embargo, la Sala de lo Penal ha rechazado el recurso. Con ello se confirma la sentencia de la Audiencia Nacional y, por tanto, la absolución del actual alcalde de La Carolina, además de las de Cruz y González.

Pérez fue investigado por la concesión de varios contratos a la empresa sevillana para reformar el campo de fútbol Ramón Palacios, construir unas pistas de pádel y hacer unos arreglos en el patio de un colegio. Según la Fiscalía, el entonces concejal de Deportes carolinense había recibido de Fitonovo 38.929,62 euros como compensación. Fue detenido en 2014, aunque la jueza lo dejó en libertad tras declarar. Luego, dimitió como edil. En el caso del funcionario de la Diputación, el Ministerio Público sostenía que, entre 2005 y 2011, favoreció la adjudicación a la misma mercantil de varios contratos de tratamientos de márgenes de carreteras que sumaban casi 1,4 millones de euros, a cambio de lo cual recibió como regalos un ordenador y otros dispositivos electrónicos valorados en 852,28 euros. Por último, decía el Ministerio Fiscal que Fitonovo había ‘premiado’ al técnico de Fomento en Jaén con casi 2.610 euros -entre pagos y regalos como una cámara de vídeo y caviar- “a cambio de favorecer a la empresa en la ejecución de trabajos contratados”. La Fiscalía pedía para cada uno de ellos -al igual que para los otros siete acusados- una pena de cuatro años de cárcel por sendos delitos de cohecho activo y de fraude a las administraciones públicas: el Ministerio de Fomento, las diputaciones de Jaén, Córdoba y Sevilla, y el Ayuntamiento de La Carolina, según el caso.

Pérez rechazó pactar con la Fiscalía

Antes del juicio en la Audiencia Nacional, que comenzó en marzo de 2022, la Fiscalía alcanzó un acuerdo de conformidad con siete de los acusados, que reconocieron los hechos. Dos de ellos fueron Cruz y González. Sin embargo, Pérez defendió en todo momento que era inocente y, al igual que otros dos de los acusados, rechazó pactar con el Ministerio Público.

La sentencia llegó en julio de ese mismo año. La Audiencia Nacional absolvió a los diez procesados en la macroinvestigación, bien por falta de pruebas, como fue el caso de Pérez, bien por prescripción de los hechos, como ocurrió con González y Cruz. Este último se libró de la cárcel a pesar de que en el fallo se reconocía que los contratos de la Diputación jiennense a Fitonovo se adjudicaron “por procedimiento negociado sin publicidad” e invitando a “sociedades de relleno” para otorgar al chanchullo un disfraz de proceso legal de licitación.

La Diputación de Sevilla recurrió el fallo en casación ante el Tribunal Supremo para que uno de los funcionarios absueltos por falta de evidencias, su exjefe del servicio de Carreteras y Movilidad, la indemnizara con 111.822,61 euros en concepto de responsabilidad civil. Sin embargo, el Alto Tribunal ha rechazado el recurso, en primer lugar, porque la Diputación sevillana se personó en el caso fuera de plazo, cuando ya había terminado el trámite de calificación, y, por tanto, no podía formular acusación propia, y en segundo, porque no se puede reclamar una indemnización por responsabilidad civil a un funcionario que ha sido absuelto por un tribunal. La desestimación del recurso conlleva la ratificación del fallo previo de la Audiencia Nacional y, en definitiva, la absolución de Cristóbal Pérez, Miguel Ángel Cruz y Luis Miguel González Palacios.