TRIBUNALES
El Supremo confirma la condena de cárcel para Del Moral y tres empresarios por el caso Matinsreg

El Supremo confirma la condena de cárcel para Del Moral y tres empresarios por el caso Matinsreg

La Sala de lo Penal desestima los recursos del exconcejal del PP y de los otros hombres vinculados a la empresa zamorana por la trama de facturas infladas que supuso un perjuicio de 3,4 millones de euros para el Ayuntamiento de Jaén

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Imagen de archivo del caso Matinresg y sentencia.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de cárcel del exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Jaén Manuel del Moral por el caso Matinsreg, la trama de facturas infladas entre 2012 y 2013 que conllevó un perjuicio económico de más de 3,4 millones de euros para las arcas municipales, según los cálculos efectuados por la Audiencia Provincial en 2021. Del Moral fue una de las siete personas condenadas inicialmente por los hechos, incluyendo a cargos políticos, técnicos municipales y empresarios e intermediarios de la firma zamorana que dio nombre a la trama. Otro de los condenados fue el exsecretario general del PP jiennense Miguel Ángel García Anguita -que era primer teniente de alcalde cuando se consumó la estafa-, aunque, en 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) lo absolvió. No corrió la misma suerte Del Moral, que recurrió en casación ante el Alto Tribunal. Ahora, la Sala de lo Penal ha desestimado tanto su recurso como los de los empresarios José Merino, Isidoro Cobo y Luis Gregorio González, y los ha castigado con penas de entre uno y cinco años de prisión, según ha avanzado EFE. La condena a Del Moral y los tres empresarios ya es firme una vez agotada la vía ordinaria de recurso.

Facturas con "precios desorbitados"

Según los hechos probados en la sentencia, Del Moral, que era concejal de Mantenimiento Urbano, concertó en 2012 con Matinsreg el servicio municipal de fuentes, alumbrado y semaforización. Se hizo sin el preceptivo proceso de licitación, lo cual, según declararon los acusados durante el juicio celebrado en 2021, se debió a una situación de emergencia después de que la empresa concesionaria anterior rompiera unilateralmente su relación con el Ayuntamiento, que le debía unos 30 millones de euros. La cuestión es que esa supuesta situación de emergencia se prolongó durante más de un año, entre el 8 de agosto de 2012 y el 15 de septiembre de 2013.

Durante ese tiempo, se emitieron diversas facturas “con conceptos irreales y precios desorbitados”. En el fallo se pone como ejemplo que el cloro de las fuentes se facturó al Ayuntamiento a 69 euros el litro, cuando el coste real era de 0,23 euros por litro. También se facturaron 48.236 horas de mano de obra de una plantilla de entre 22 y 29 trabajadores “que la empresa nunca tuvo contratados”. El quebranto económico causado al Ayuntamiento de Jaén se estimó en más de 2,7 millones de euros tras descontar los trabajos facturados que sí se habían llegado a hacer.

Entre todas las personas que se sentaron en el banquillo de la Audiencia de Jaén se encontraba el exalcalde José Enrique Fernández de Moya, que sólo estaba acusado por el Ayuntamiento de prevaricación y malversación de caudales públicos. Sin embargo, el tribunal lo absolvió. Sí condenó a cuatro años de cárcel a García Anguita por malversación de caudales públicos, pero el TSJA estimó su recurso de apelación dos años más tarde y lo absolvió al entender que la sentencia de la Audiencia jiennense no ofrecía “una base probatoria de cargo suficiente” para “dar soporte a la condena”. En aquel fallo también libró de castigo penal por el mismo delito al técnico municipal que tramitó las facturas. Además, estimó parcialmente los recursos por otros cuatro de los siete condenados, pero mantuvo la pena para Del Moral.

Un "esquema de corrupción" en el Ayuntamiento de Jaén

Ahora, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha tumbado su último intento por eludir la condena. Según EFE, el Alto Tribunal considera que tanto él como los otros tres empresarios mantuvieron “esquema de corrupción” en el Ayuntamiento de Jaén. Además de castigarlos con entre uno y cinco años de prisión, los obliga a indemnizar de forma conjunta y solidaria al Ayuntamientocon algo más de 3,4 millones de euros. Varias mercantiles han sido declaradas responsables civiles subsidiarias o partícipes a título lucrativo por las sumas percibidas ilícitamente.

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