Las últimas cifras dejan 78 okupaciones en Jaén con 18 detenciones e investigados

Jaén/El término okupación en España no está tipificado como tal en el Código Penal, sí que lo está el de usurpación de bien inmueble y que viene recogido en artículo 245. La acción penada consiste en ocupar un inmueble ajeno sin tener la autorización de su legítimo titular. 

Cada poco tiempo este asunto salta a debate en la política o en los medios de comunicación principalmente a nivel nacional, aunque también ocurre a nivel local. Como el último episodio en Bailén de intento de okupación de una vivienda no morada, donde el alcalde, Luis Mariano Camacho, aprovechó la ocasión para hacer un llamamiento a cambiar la ley y “proteger” a los ciudadanos.

En la provincia de Jaén se tuvo conocimiento de 78 allanamientos o usurpaciones de inmuebles en 2023, según los últimos datos que hay recogidos por el Ministerio de Interior, cuatro menos que el año anterior. Cabe resaltar que desde el portal estadístico no distinguen entre usurpación, referido a la ocupación ilegal de una vivienda o un inmueble deshabitado que no constituye morada sin el consentimiento de sus propietarios y lo convierte en su residencia y el allanamiento de morada que es el ingreso o permanencia en una vivienda o edificio sin la autorización del morador, aun siendo el inmueble habitado por su dueño.

De todas estas okupaciones, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado consiguieron esclarecer 55 allanamiento o usurpaciones, se detuvieron e investigaron a un total de 18 personas, de las que resultaron víctimas 34. La evolución en Jaén desde que existen los registros de 2010 ha sido ascendente aunque con variaciones.

El primer pico se produjo en 2015 con 75 hechos conocidos, el segundo en 2017 con 78 y hasta 2019 no se volvió a superar esa cifra con 79 okupaciones. En ese último año mencionado, solo se produjeron seis detenciones o investigaciones, en el 2017 fueron diez y en 2015 fueron 29. El año en el que más detenciones e investigaciones se produjeron fue en el de 2013, con 34 en total.

Aunque las cifras en Jaén oscilan entre el estancamiento y un leve repunte, se trata de la provincia con menos okupaciones de Andalucía, por detrás de Huelva con 126 okupaciones, Granada con 141 de Córdoba con 104, de Almería con 171, Córdoba 157, Almería 299, Cádiz 378, Málaga 429 y Sevilla 723.

Andalucía es la segunda región con mayor número de okupaciones de viviendas hasta agosto de 2023, con 1.607 casos, pese a que este dato supone un descenso de un 6% de las infracciones penales de usurpaciones y allanamientos de inmuebles respecto al mismo periodo del año anterior.

Cataluña ha encabezado esa tabla y tuvo en ese periodo de 2023 más okupaciones de viviendas que la suma de Andalucía, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, las tres comunidades autónomas que le siguen con más infracciones penales tanto de usurpación como de allanamiento de inmuebles.

Cambios en la ley 

La agilización de los desahucios en casos de 'okupación' con allanamiento de morada entrará en vigor a principios del próximo mes de abril, siempre y cuando en estos dos meses no se apruebe una ley orgánica que la derogue, como reclamó Podemos al Gobierno. Se trata de un cambio legal que el PNV logró introducir en el Pleno del Congreso con apoyo del PP y Junts, y que salió adelante por el voto a favor de Bildu y ERC, que después aseguraron que se habían equivocado. Tanto el PSOE como Sumar, así como Podemos, votaron en contra, mientras que Vox se abstuvo.

Tras esa votación, la enmienda del PNV quedó incorporada al proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, que completó su tramitación parlamentaria sin cambiar este artículo. En concreto, se modifica el artículo 795.1 de la LECrim para que los delitos de usurpación de morada (artículo 245 del Código Penal) y de allanamiento de morada (artículo 202 del Código Penal) pasen a tramitarse por el procedimiento abreviado de los procesos judiciales, los llamados juicios rápidos, lo que permitirá agilizar su resolución y los desahucios que puedan ordenarse.

La Ley de Eficiencia del Servicio de la Justicia se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) fijando su entrada en vigor dentro de dos meses, el 3 de abril, y será entonces cuando pueda aplicarse la agilización de estos desahucios. Eso sí, para ayudar a salvar la ley en su última votación del Congreso, Podemos anunció que el Gobierno se había comprometido a derogar este cambio legal auspiciado por el PNV, lo que exigiría que en estos dos meses el Ejecutivo propiciara otra ley orgánica corrigiéndolo, algo que tanto el PNV y Junts, como el PP y Vox, no piensan apoyar.

El PNV ya protestó airadamente cuando la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, habló de derogar este cambio legal. Según subrayó Aitor Esteban, su propuesta se dirige sólo al desalojo de 'okupas' que han entrado ilegalmente en una vivienda ajena, y eso no tiene nada que ver con familias vulnerables que no pueden hacer frente a un alquiler.