Cuentas dolosas

DETRÁS de cada acto siempre hay una consecuencia. Y, no pocas veces, también una intención. El incumplimiento por tercer ejercicio consecutivo del artículo 134.3 de la Constitución es un acto político de extrema gravedad. El Gobierno del Reino de España tiene, según ese artículo, el “deber” de presentar tres meses antes del vencimiento del presupuesto vigente el proyecto de ley de unas nuevas cuentas estatales. Eso fija el plazo en el 30 de septiembre de cada año. Y, por segundo año consecutivo, un Ejecutivo con todas sus atribuciones –en 2023 estaba en funciones porque no hubo investidura hasta noviembre– incumple deliberadamente la Carta Magna por pura conveniencia política: evitar que el rechazo a los Presupuestos Generales del Estado provoque la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de nuevas elecciones. Pedro Sánchez ha demostrado con creces que no respeta ningún uso democrático si con ello obtiene una ventaja que no consideraba tolerable cuando estaba en la oposición: él mismo conminó a su antecesor, Mariano Rajoy, a convocar a las urnas si no tenía Presupuestos porque, dijo, no se puede gobernar sin ellos. Dirá que ha cambiado de opinión.

Pero el reiterado incumplimiento de este precepto constitucional es muy grave por dos motivos. En primer lugar, es el paradigma de una legislatura inviable, que nació sólo para conservar el poder a toda costa y pagando un precio tan corrupto en términos políticos como una autoamnistía a unos sediciosos condenados en firme por el Tribunal Supremo a los que, encima, España pide perdón.

En segundo lugar, demuestra una actitud dolosa por parte del presidente y de su ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero: ¿con qué credibilidad aspira a gobernar a los andaluces si como ministra de Hacienda no cumple con su principal función: dotar de presupuestos al Estado? Esa actitud dolosa, como ya dijimos, podría considerarse prevaricar por omisión. El principal partido de la oposición, al que esta legislatura se le ha hecho bolas, se plantea ahora llevarlo ante el Tribunal Constitucional. Da idea del desnorte del PP de Alberto Núñez Feijóo: la corte de garantías está tan politizada que apenas hace de correa de transmisión del Gobierno (también del anterior cuando la mayoría era la contraria). Con un presidente como Sánchez, que no tiene escrúpulo en violentar toda norma, incluyendo la Constitución, sólo la jurisdicción ordinaria puede poner coto a tanto desafuero. Y que un acto ilegal como éste tenga su consecuencia penal frente a la intención de perpetuarse en el poder sin alternancia.