Honor y lealtad

El honor y la lealtad son palabras que solemos asociar a un mismo precepto moral. El de la integridad. Normalmente, entendemos la lealtad como una cualidad básica para ser una persona con honor. Y también entendemos el honor como un atributo básico para ser una persona leal. Sin embargo, no siempre son atributos simbióticos que convivan en el mismo ecosistema moral. De hecho, se puede ser honorable sin lealtad y ser leal sin honorabilidad. Este es el paradigma de Álvaro García Ortiz, primer Fiscal General del Estado condenado en firme en un Estado occidental por un Tribunal de Justicia.

Si uno mira el significado de la palabra “honor” en el diccionario, podrá encontrar en su primera acepción que el honor es “la cualidad moral que lleva al cumplimiento de los deberes respecto al prójimo y de uno mismo”. Para la palabra “lealtad”, la RAE nos advierte que es una “cualidad del leal”, cuyos sinónimos más próximos son la fidelidad, la nobleza, la franqueza, la amistad o la honradez. Sin embargo, en una disyuntiva en la que alguien es elegido a dedo por el poder para representar a una institución cuya labor es la de servir con honor con independencia del color del Gobierno, hay situaciones que pueden convertir en una dicotomía ambos términos.

España es ya oficialmente el primer país del hemisferio occidental cuyo Fiscal General del Estado es condenado en firme y es inhabilitado por el Tribunal Supremo. Quizá, entre tanto escándalo de corrupción y líos de faldas que rodean a un Gobierno que nos ha malacostumbrado a vivir el bochorno con la cotidianidad del que compra el pan en la tienda de la esquina, no seamos conscientes de la gravedad de los hechos. Pero sin duda, esta condena, es el peor de los casos de corrupción de este Gobierno.

La gravedad de este caso radica en primer lugar en que no se trata un caso donde se ha utilizado la posición de poder para un enriquecimiento particular. Se trata de un caso en el que se ha usado la posición de poder para dinamitar una de las estructuras básicas de un poder del Estado, en beneficio del relato del Gobierno y como arma para desacreditar personalmente a un adversario político. Tal vez Usted, inmerso en su día a día, no sea consciente de lo grave que es que un Gobierno tome al abordaje uno de los resortes de los contrapesos del poder, para usarlo como arma política para tratar de aniquilar a la disidencia democrática.

Estos son días tristes para nuestra democracia. Por más que algunos celebren la condena a Álvaro García Ortiz, lo cierto es que la condena es una pésima noticia. No por el hecho en sí de que el Tribunal Supremo haya considerado responsable de las filtraciones al Fiscal General del Estado. Si no por la sensación que queda entre una buena parte de la sociedad de que ha calado el relato de que cuando el Poder Judicial no se muestra sumiso al poder es porque este está conspirando contra el Gobierno y que debe de ser inmediatamente depuesto y sustituido por uno más dócil dispuesto a no contradecir el relato.

Las doscientas páginas de la sentencia del Tribunal Supremo deja a las claras incluso con ejemplos didácticos para niños de parvulario que por muy evidente que pudiera ser el fraude del señor Amador, el airear a los cuatro vientos sus problemas la intimidad fiscal de este sujeto constituye una vulneración de sus derechos. Algo que García Ortiz sabe o que, al menos, debería saber alguien que ocupa un cargo de la relevancia de la Fiscalía General del Estado. De hecho, su inhabilitación se sustenta en que todos los indicios apuntan a que esta vulneración de los derechos de la pareja de Ayuso provienen de la Fiscalía y que su cuestionable estrategia de borrado de mensajes, lejos de convertirse en una tabla de salvación por la presunta destrucción de las pruebas, se ha convertido en casi su prueba incriminatoria más grave, ya que ha dejado al fiscal general, sin una necesaria coartada para salir airoso del juicio.

A pesar del ruido de estos días, de los cuestionables testimonios periodísticos en el juicio, de las opiniones sincronizadas de las tertulias televisivas y a pesar del relato oficial instalado en el Gobierno, los hechos demostrados, palmarios, que no admiten discusión alguna, son que a las 8:00 de la mañana siguiente de la revelación de la noticia por la Cadena SER, el famoso correo del abogado del señor Amador, cuya posesión solo podía estar en manos de la Fiscalía, llegaron a Moncloa y que desde ahí, fueron enviados al exlíder de la oposición madrileña, Juan Lobato, quien conocedor de la gravedad de este asunto, se negó a usar esa información privada, llevando incluso su teléfono móvil al notario para dar fe de que, en caso de que se usara esa información, él no tenía que ver con el asunto. El hecho contrastado, palmario, que no permite ninguna interpretación, es que apenas unos minutos después de la negativa de Lobato a usar esa información, un medio afín al PSOE como El Plural, replicaba la información que, el hoy purgado dirigente madrileño, se había negado a usar en la Asamblea de Madrid.

Los hechos son los que son. El Fiscal General del Estado más allá de ser o no el autor material de la revelación de un secreto profesional a la prensa, era el responsable directo de la garantía de que eso no hubiera sucedido. Y, sin embargo, sus esfuerzos, lejos de ser en pos de garantizar los derechos de un ciudadano normal fueron los de intentar que el posible fraude fiscal de la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid se difundieran a los cuatro vientos. Eso es lo que ha condenado sin paliativos el Tribunal Supremo.

Algo que quienes no entienden de justicia, de legalidad y de democracia nunca entenderán. Porque si hay algo que tenemos que tener claro, es que quienes estos días se rasgan las vestiduras en redes sociales y tertulias variopintas, amén de televisiones públicas pagadas con el esfuerzo fiscal de los españolitos, es que aunque hubiera aparecido en el móvil de García Ortiz la prueba palmaria de la filtración de la noticia ordenada por el mismísimo presidente del Gobierno, estos hoy clamarían contra la sentencia porque por encima del derecho a la intimidad de González Amador, estaría el cacareado argumento de que este es un “defraudador confeso” y que bajo el fin de lapidar socialmente al novio de Ayuso, es válido cualquier medio.

García Ortiz a la hora de elegir entre la lealtad al poder y el honor de la institución, eligió ser leal a quien le nombró en el cargo. Sin embargo, su puesto exigía anteponer el honor personal y el de la institución a la que representaba por encima de las lealtades políticas. La única opción que hubiera mantenido el honor de Álvaro García Ortiz es la de ser neutral como exigía el puesto. Siendo leal a la institución y manteniendo el honor de su rango. Esa decisión nos hubiera evitado un bochorno nacional e internacional sin precedentes en nuestro tiempo. Un innecesario deterioro institucional del que veremos cómo nos reponemos. Aunque con esa decisión, también la historia se hubiera escrito con un final donde el Fiscal General del Estado hubiera sido depuesto.