Justicia que no es justicia

José Luis Ábalos ha renunciado a su escaño y el PP lo ve como un intento de acercamiento al PSOE –piensa mal y acertará– porque Sánchez contará con un voto más en el Congreso, ya que un Ábalos en prisión había perdido su derecho a voto.

Otra versión es que el ex ministro, en una situación límite y con un Tribunal Supremo (TS) que está siendo implacable con él en la aplicación de la ley, probablemente por consejo de su nuevo abogado busca ser juzgado en la Audiencia Nacional (AN) perdiendo su aforamiento.

No se trata de que Ábalos vaya a encontrar en la AN un tribunal más condescendiente, sino que los plazos para ser juzgado en la AN son mucho más largos que en el TS, porque la Audiencia está absolutamente desbordada, las sentencias definitivas pueden tardar diez o doce años. No es disparatado pensar que Ábalos piensa que antes de su juicio, que va para largo, la actual prisión preventiva puede acabar siendo libertad condicional. El TS seguirá adelante con el caso mascarillas en el que está implicado Ábalos, porque el juez había dictado apertura del juicio oral antes de que perdiera el aforamiento.

La AN tendrá que asumir sin embargo todo lo relacionado con los asuntos más polémicos de la carrera de escándalos que protagonizan Ábalos, Koldo, Santos Cerdán y diversos personajes que se movían en su entorno, donde supuestamente era habitual el pago de comisiones a los entonces altos cargos del Ministerio de Transportes a cambio de adjudicaciones de obra pública a empresarios de la construcción o de otros sectores relacionados con la construcción.

Cerdán sí puede salir beneficiado de que estos últimos casos, el de las comisiones, pasen a la Audiencia Nacional tras la renuncia de Ábalos a su escaño, ya que Cerdán ya se encuentra en libertad condicional tras pasar varios meses en prisión y podrá disfrutar de esa libertad durante más tiempo a la espera de que se celebre el juicio, que será macrojuicio porque los casos de presunta corrupción son numerosos. Mientas llega esa fecha, se mantienen activas las investigaciones, lo que tiene en vilo a los acusados.

La Justicia que tarda ocho, diez o más años en dictar sentencia definitiva, no es justicia. No lo es para el inocente que sufre el castigo social y laboral sin merecerlo, ni tampoco para el culpable. Incluso los culpables tienen derecho a saber qué les depara el futuro.