TRAS tener al país sometido durante cinco días a una tensión institucional sin precedentes, Pedro Sánchez compareció este lunes ante la opinión pública para decir que aquí no ha pasado nada. El periodo de reflexión que se autoimpuso después de que un juzgado de Madrid abriera diligencias contra su esposa por supuesto tráfico de influencia se salda con una reflexión cuajada de tópicos sobre la necesidad de moralizar la vida pública, algo de una obviedad evidente, y la reafirmación de su “compromiso” con “más fuerza que nunca”. Ni una alusión al desconcierto en el que ha sumido a la opinión pública. Ni una referencia a una salida institucional, en forma de cuestión de confianza, que era lo mínimo que hubiera cabido esperar tras cinco días de confusión. La intervención de Sánchez a las puertas de la Moncloa se podría despachar con el calificativo de patética si no revistiera una gravedad institucional máxima. Sánchez ha convertido estos días la política española en una caricatura, salpicada de rasgos de un caudillismo peronista, que no se puede pasar por alto. La gravedad no es porque permanezca en su cargo, algo que es coherente con su forma de actuar en política y que puede ser considerado incluso como un elemento de estabilidad que hay que apreciar. Lo peor de todo este asunto es que Sánchez ha jugado con la arquitectura del sistema democrático. Las imágenes de adhesión inquebrantable del sábado ante la sede de Ferraz y la propia intervención del presidente en su atril de la Moncloa están ya por derecho propio entre las páginas más negativas de casi medio siglo de democracia en España. La Presidencia del Gobierno de España es algo demasiado serio para que se vea tratada de este modo. Cuando el caudillismo y el victimismo se imponen como forma de actuación es que algo está fallando en el centro del sistema. Aunque Sánchez permanezca en el puesto, a partir de hoy es un presidente amortizado. Y deben de empezar a pasar cosas.