Prof. F. García Novo, in memoriam
HACE un año mi esperanza era rezar por la llegada de lluvias y llegaron gracias a Dios las de marzo de 2025. Su generosidad permitió que las marismas de Doñana se inundaran con las crecidas hidrológicas de los cauces del Norte (La Rocina, el antiguo Guadiamar, la Cañada Mayor, el Partido y el caño Marín) y del Este (el Travieso desde el Entremuros por Caracoles hasta Las Nuevas). El clásico paisaje de Doñana con agua volvió tras inviernos deficitarios debido no sólo a la baja pluviometría sino sobre todo por el exceso de extracciones de aguas subterráneas y superficiales en los municipios de la Corona Norte del Parque Nacional. Pero la opinión pública debe saber que la imagen de las marismas inundadas no significa que la red hidrogeomorfológica que las alimenta ni que los acuíferos se hayan recuperado (estos tardarán años). La situación este verano sigue siendo crítica, hasta el punto de que Unesco ha apremiado a España a que se mejoren los niveles piezométricos del acuífero de Almonte-Marismas, motivo por el cual el reciente Plan de Extracciones de agua de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha propuesto para los regadíos de la Rocina una reducción del 15% en 2026 . Se trata de una medida más del tan aplaudido Acuerdo de noviembre de 2023 entre administraciones y agricultores (y otros colectivos) a fin de rebajar la intensidad de extracciones de agua en el periodo 2025-2027. La cuestión es ¿cómo avanzan las actuaciones del Acuerdo? Pues bien, los resultados son dispares desde meses atrás. De un lado, la vigilancia sobre los pozos para regadíos: se han abierto más de 1.200 expedientes para comprobar su legalidad. De ellos menos de la mitad han sido clausurados. Sin embargo, continuamos sin conocer el censo total de pozos (en 2023 se estimaba en unos 2000 los existentes, siendo la mayoría ilegales). Por su parte, los 14 Ayuntamientos integrados en el Acuerdo sí están recibiendo inversiones, tanto para facilitar la habitabilidad a los trabajadores de las parcelas en regadío, la mayoría ilegales, como para la depuración y renovabilidad de las aguas residuales urbanas. A su vez, se han ofertado convocatorias públicas para proyectos de transferencia con propuestas de usos adaptados a la conservación con un plus de sostenibilidad económica local, aunque sin resolución. Pero lo que verdaderamente están retrasadas son las acciones dirigidas a los agricultores organizados en Comunidades de Usuarios de Agua Subterráneas, para el fomento de los cambios de usos (reforestación y restauración incluidas), que siguen denunciando desde noviembre-diciembre de 2024 al Ministerio y la Junta por la falta de concreción de estas ayudas. La tardanza los están empujando a una situación límite, por lo que han solicitado a Vox y al PP que reactiven la PL de los Regadíos de Doñana. Y aún hay más. En mayo de 2025 se iniciaron negociaciones para traspasar la finalización de las obras de la paralizada presa de Alcolea (aprobada en 2018 y competencia del Ministerio) a la Junta de Andalucía. Si se finalmente se hace, 200 Hm3 de agua podrían destinarse a usos agro-urbanos de la Corona Norte. Por si todo esto era poco, han vuelto dos viejos fantasmas que afectan directamente a la conservación de Doñana: el deslinde de las marismas de Hinojos, Almonte y Aznalcázar, cuyo primer ensayo fue anulado por el Supremo (2015), y cuyo estudio actual no se ajusta a las características hidrogeomorfológicas y administrativas de las marismas. Y, en segundo lugar, de vueltas con la petición de anulación completa del proyecto de almacenamiento del gas en Doñana (aprobado con Teresa Ribera como Secretaria de Estado), pero reivindicado por otros. Y seguimos sin noticias de la restauración marismeña según los contenidos del RDL Doñana 2005. Como hace un año, lo más seguro es esperar a llover.
