El 10 de diciembre de 2024 el socialista Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, anunció que al año siguiente se llevarían cabo un centenar de actos para conmemorar el quincuagésimo aniversario del fallecimiento de Francisco Franco, dictador vitalicio. Y, en efecto, el 8 de enero de 2025 empezó formalmente la conmemoración en el madrileño museo Reina Sofía. Con el lema “España: 50 años en libertad”, se pretendía celebrar la democracia, honrar a las víctimas del franquismo y alertarnos del riesgo de que volviera el fascismo.
En esa línea, el 17 de noviembre pusieron en la Gran Vía madrileña una gigantesca lona en la que, junto al lema “La democracia es tu poder”, aparecía escrito: “Poder posar un annunci en catalá enmig la Gran Vía”. En cambio, los organizadores no anunciaron en ningún sitio, ni siquiera en la Rambla barcelonesa, que no era factible estudiar en español en ningún colegio público catalán. A pesar de las varias sentencias judiciales exigiéndolo, los socialistas, que ostentan la Presidencia del Gobierno español y la del catalán, mantenían a toda costa la inmersión lingüística en catalán. El poder de los demócratas españoles tenía sus límites cuando chocaba con los intereses de los separatistas.
Curiosamente, aquel mismo día el socialista Salvador Illa, presidente de la Generalidad de Cataluña, anunció la convocatoria de un concurso público para adquirir, por un máximo de 27.131.200 euros sin impuestos, un inmueble que albergase la sede de la Delegación del Gobierno catalán en Madrid. Tenía que estar en alguno de los barrios céntricos de la capital, tener unos 2.500 metros cuadrados y disponer de seis aparcamientos. Al frente de los veinte trabajadores de la Delegación estaría la socialista Núria Marín, ex alcaldesa de Hospitalet del Llobregat. Sus funciones principales serían dirigir “las actividades de representación y relaciones públicas del Govern” y “mantener la interlocución” con “las delegaciones permanentes de las Comunidades Autónomas”. Puesto que no me ha sido posible encontrar ninguna información de su existencia en las bases de datos usuales, ¿no se trataría de una argucia para enmascarar que su verdadera función era relacionarse, como constaba en la propia propaganda catalana, con “las embajadas” de otros países? La embajadora catalana recibiría un sueldo de 99.137 euros anuales, unos 20.000 euros más que los ministros. Se trataba de otro ejemplo de cómo unos dirigentes, que se quejan continuamente del expolio fiscal al que está sometida Cataluña, no escatiman en puestos públicos, en salarios altos, ni en lujosas instalaciones. Y eso que, según la Constitución, las relaciones internacionales son competencia exclusiva del Estado, o sea del Gobierno español. Para mayor agravio, en esas mismas fechas la socialista Montero, ministra española de Hacienda, hacía dos declaraciones contradictorias. En primer lugar, renunciaba a seguir pidiendo los 4.000 millones de euros para Andalucía que solicitaba cuando era consejera andaluza porque ahora, según decía, tenía que ocuparse de los intereses de todos los españoles. Sin embargo, en la misma sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, también anunciaba que garantizaría “la financiación singular para Cataluña” (traducido al lenguaje común, el discriminatorio cupo fiscal catalán).
Esa simultaneidad entre la lona en catalán, la sede de la embajada catalana en Madrid y el anuncio del cupo fiscal catalán sugiere que el verdadero riesgo no estriba en la remota posibilidad de que retorne el franquismo, sino en la de que triunfen definitivamente las fuerzas políticas centrífugas que pretenden disolver el Estado español en una pluralidad de pequeños estados. Mientras que apenas quedan nostálgicos del franquismo, la alianza entre socialistas, comunistas y separatistas, todos ellos partidarios de una concepción plurinacional de España, es tan potente que detenta el Gobierno español, el vasco y el catalán. De ahí la urgencia de defender la integridad territorial de España y la igualdad entre los españoles de todas las regiones. Táchenme de españolista, pero creo que también para Andalucía sería beneficioso que el Gobierno recupere el monopolio de las relaciones internacionales, asegure la enseñanza en español y proponga una financiación sin cupos que privilegien a las regiones ricas.
