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Jesús Vicioso
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Salud mental
España no logró cumplir con el objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de reducir en un 10% las muertes por suicidio para 2020. Muy al contrario, los datos oficiales muestran un incremento sostenido durante la última década: entre 2012 y 2022, la mortalidad por suicidio creció un 17,4%, con un repunte especialmente marcado en mujeres (32%) frente al 13% registrado en hombres. Así lo alerta un comentario científico publicado en The Lancet Regional Health por Manuel Canal-Rivero y Miguel Ruiz-Veguilla, investigadores vinculados a la Universidad de Sevilla y al Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS).
Los autores señalan que este aumento refleja las limitaciones del modelo español de prevención del suicidio, centrado casi en exclusiva en las políticas y recursos del sistema sanitario. Desde la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2009–2013 hasta el recién aprobado Plan de Prevención del Suicidio 2025–2027, las medidas han girado en torno a la atención clínica de las personas en riesgo, con escasa atención a los factores sociales de fondo.
El nuevo plan de prevención cuenta con una dotación de 17,8 millones de euros, apenas el 0,0047% del presupuesto nacional, muy por debajo del esfuerzo que realizan otros países como Japón, que destina un 0,083%. Para los expertos, esta inversión, aunque necesaria, no bastará si no se acompaña de un cambio de modelo hacia un enfoque integral en la prevención del suicidio.
La OMS insiste en que la prevención requiere una respuesta nacional coordinada que trascienda la asistencia sanitaria. Experiencias internacionales muestran que políticas sociales —como programas de apoyo económico o de vivienda— pueden tener un impacto directo en la reducción de las tasas de suicidio. En este sentido, los autores citan ejemplos como el programa Bolsa Família en Brasil o Keluarga Harapan en Indonesia, que han demostrado que aliviar la precariedad disminuye los riesgos de suicidio.
Canal-Rivero y Ruiz-Veguilla subrayan que España necesita una estrategia pública de salud que integre la prevención universal, selectiva y de intervención, conectando la atención sanitaria con políticas de empleo, educación y vivienda. “El Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027 de España constituye un reconocimiento necesario y positivo del problema. Para garantizar la solidez de este esfuerzo, es esencial abandonar la fragmentación actual y adoptar un modelo integrado de prevención del suicidio”, sostienen los autores del análisis. “Este cambio requiere un compromiso genuino de todo el gobierno”, subrayan.
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