Así salpicó a Jaén la enésima rama del caso ERE: doble absolución

El caso de los ERE fraudulentos de Andalucía sigue siendo noticia más de una década después de su estallido por las numerosas ramificaciones judiciales derivadas de la matriz. A primeros de octubre, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla absolvió al exfutbolista José Antonio Gómez Rondón, conocido como ‘Pizo’ Gómez, y a un exdirectivo de la consultora Vitalia Vida, para quienes la Fiscalía Anticorrupción había pedido más de dos años de prisión por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. El origen el caso es la concesión de una ayuda de 491.424,43 euros a la empresa Centros para la Formación y Prevención Laboral (Cenforpre) para organizar cursos de prevención de riesgos laborales dirigidos a graduados sociales de varios colegios oficiales de Andalucía. La trama acabó salpicando a la provincia de Jaén, pero sólo de forma tangencial: la Cámara de Comercio acogió en 2007 dos de aquellas jornadas informativas, a las que asistieron unas 400 personas. La Audiencia sevillana consideró probado que los cursos -no sólo en Jaén, sino también en Málaga, Huelva, Granada, Cádiz y Almería- se financiaron irregularmente a través de pólizas de seguro que gestionaba el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, ya fallecido. Sin embargo, no encontró pruebas que demostraran que los dos acusados tuvieran conocimiento del fraude. En lo que a Jaén concierne, quedó acreditado que la celebración de las jornadas no conllevó ningún gasto para el Colegio Oficial de Graduados Sociales.

En la sentencia de esta pieza separada del caso ERE, registrada el pasado 30 de septiembre y notificada a las partes días después, se explica que, en una fecha no concretada pero comprendida entre 2005 y 2006, Guerrero encargó verbalmente a Cenforpre la organización de los cursos de prevención pese a que no tenía competencia para ello y “aprovechando” que “tenía a su disposición fondos públicos”. Eligió a esa empresa “por estimarla simplemente la más adecuada”, sin que la propia firma hiciera ninguna petición formal, “sin que hubiera procedimiento de licitación, ni publicidad” y sin que “hubiera dado la oportunidad de concurrencia a otras empresas”. Según el tribunal, un representante de Cenforpre, Miguel E. T. -también fallecido-, comenzó a organizar los cursos “por orden” del exalto cargo de la Junta, al que, “en diversas conversaciones”, le empezó a exigir el pago acordado “verbalmente”. En un principio, Guerrero le decía que no contaba con fondos para ello, pero, tras la insistencia de Miguel, le propuso abonarle el dinero a través de “una póliza de rentas de supervivencia y de capital diferido concertada con una compañía de seguros”.

Fraude con una póliza de seguros

Se trataba de productos que la Junta ya tenía contratados para otorgar ayudas económicas a Cepsa y FCC a través de la aseguradora Vida Personal MPS del Grupo Vitalia. Lo que planteó Guerrero fue hacer una ampliación de la póliza para incluir como beneficiario a una persona física que actuara como testaferro de Cenforpre. No había otra opción porque, según el exalto cargo de la Junta, el producto no podía contratarse a favor de personas jurídicas. De acuerdo al tribunal, el representante de la empresa “era consciente de la irregularidad”, pese a lo cual “aceptó esa forma de pago irregular que le ofrecía Guerrero […] sin importarle la procedencia de los fondos públicos”.

Miguel proporcionó al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social los datos y el número de cuenta de un antiguo trabajador: el ‘Pizo’ Gómez. El exfutbolista de Osasuna y Atlético de Madrid aceptó aportar su nombre como beneficiario de la póliza “por razones de amistad”, pero los magistrados consideraron que desconocía “el origen indebido” de los fondos públicos iba a recibir en su cuenta. “El acusado siempre ha creído en la legalidad de su realización. Nadie le indicó lo contrario ni él pudo sospecharlo”, concluyó la Audiencia de Sevilla, que definió a Gómez como “un testaferro” que “fue buscado innecesariamente” por el administrador de Cenforpre. Guerrero le encargó la ampliación de la póliza al exdirectivo de Vitalia, al que la Audiencia de Sevilla absolvió porque, al igual que Gómez, tampoco tenía ni idea de la irregularidad. El fallo absolutorio no es firme, sino que ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo. La Fiscalía también pedía dos años de cárcel para el representante de la empresa con el que Guerrero organizó la trama, pero, al fallecer antes de la resolución, quedó extinguida su responsabilidad penal.

Dos cursos en Jaén en 2007

Los cursos organizados por Cenforpre con fondos irregulares de la Junta en Jaén se celebraron el 18 de abril y el 4 de octubre de 2007, según informó en su momento a la UCO el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Jaén. Ambas jornadas informativas tuvieron lugar en la Cámara de Comercio. Entre los dos actos asistieron 400 personas y participaron como ponentes el director del departamento institucional de Cenforpre y, en el segundo curso, el director territorial Sur de la empresa. El Colegio aseguró que ninguna de las dos jornadas le supuso ningún gasto ni por el material, ni por los ponentes, ni por el alquiler del local. Los propios ponentes corroboraron ante la UCO que participaron en las jornadas. La Cámara de Comercio de Jaén confirmó la versión del Colegio de Graduados Sociales. En la documentación aportada a los investigadores consta la solicitud a la Cámara para la cesión de sus instalaciones. El presidente del Colegio ratificó todo ello durante el juicio.