El juicio

El Tribunal Supremo ha puesto fecha a la comparecencia del fiscal general del Estado. Seis días de noviembre, en sesiones de mañana y tarde, con 40 testigos. Se sentará en el banquillo Alvaro García Ortiz, el primer fiscal general de la historia que comparece ante un tribunal. Una anomalía que no ha querido impedir el propio fiscal, que, al negarse a dimitir, promueve que entre quienes intervienen en la vista oral se encuentren los fiscales de la Sala Segunda¸ subordinados suyos.

García Ortiz podría haber evitado ese bochorno a los españoles. No es plato de buen gusto que el responsable de una institución de relieve máximo tenga que comparecer ante el más alto tribunal para responder sobre un posible delito de revelación de secretos en el ejercicio de su cargo. La comparecencia de testigos de todas las procedencias, profesiones e ideologías lleva a la conclusión de que el tribunal busca efectivamente llegar al fondo de la verdad. Es un caso que ha provocado una turbia polémica porque tras esta vista oral quedarán inevitablemente afectados no solo los altos cargos directamente implicados, sino también medios de comunicación importantes que han puesto en juego su credibilidad. Pero sobre todo este juicio es todo revulsivo para los dos principales partidos.

La sentencia del Supremo va a provocar vencedores y vencidos. En un lado, el fiscal general, al que apoya el Gobierno y medios de comunicación importantes cuyos periodistas han dado una versión de los hechos que se demostrará si estaban o no impregnados por ideología o por instrucciones superiores. En el lado contrario, un PP inevitablemente concernido. No en vano, Alberto González Amador, el rival de García Ortiz, es la pareja de la presidenta madrileña y aunque no se conocieran cuando se produjo el supuesto fraude fiscal, tanto Ayuso, como su partido, personas de su equipo y medios afines también se posicionaron sobre unas actuaciones supuestamente delictivas. Sea cual sea la sentencia, habrá muertos.

Tendremos políticos, fiscales y periodistas que morirán en su empecinamiento por defender lo indefendible, y sensu contrario tendremos políticos, fiscales y periodistas cuya imagen saldrá reforzada tras esta situación endiablada. Ninguno ha hecho cesiones, ninguno se ha apeado de su posición, ninguno ha aceptado el consejo de asesores que buscaban un acuerdo, una retirada a tiempo, una salida negociada. No fueron escuchados porque ni el fiscal general ni González Contador quisieron asumir que una derrota les hundía de forma irremediable.