EDITORIAL
Policía Local de Sevilla: un conflicto enquistado
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que comparte esta responsabilidad con la candidatura socialista a la Presidencia de la Junta, ha anunciado que en un plazo breve presentará las bases del nuevo modelo de financiación autonómica que debe sustituir al que está caducado desde 2014. Ello supone que el debate sobre financiación va a impregnar la campaña para las elecciones andaluzas de la próxima primavera. No es el mejor ambiente para la discusión de una cuestión capital para el futuro de la región y que, además, está condicionada por un factor político que en Andalucía despierta una enorme sensibilidad: la propuesta parte del acuerdo del Gobierno con Esquerra Republicana para que Cataluña tenga un sistema de financiación singular, lo que rompería la unidad de un modelo que ya soporta, por imposición constitucional, los regímenes especiales de País Vasco y Navarra. Pero haría mal Andalucía si se deja llevar por las urgencias políticas y electorales y no hace un análisis profundo de la situación en la que quedaría la región. Como informaba este periódico el domingo, lo que hasta ahora ha trascendido permite adivinar que el modelo beneficiaría al conjunto de las comunidades porque reducirá las diferencias de ingresos por habitante entre los territorios y porque el Estado cederá más IRPF e IVA a las haciendas de las autonomías. Es decir, entraría más dinero en la caja para atender los servicios públicos que dependen de las autonomías. En Andalucía, que en principio sería la región más beneficiada en términos absolutos, esta cantidad podría estar en torno a los 4.000 millones de euros anuales. Una cifra que es la que ya esgrimió Montero cuando era consejera de Hacienda y que asumió Juanma Moreno cuando llegó a la Presidencia. Sin renunciar a los principios ideológicos de cada uno, la cuestión de la financiación debe ser tratada desde un punto de vista en el que el pragmatismo juegue un papel fundamental. Se trata de asegurar la prestación de servicios básicos como la sanidad y la educación y el nivel de vida de los andaluces.
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