El caso del calabozo de Jódar evita el archivo: citan a nuevos testigos

El juez instructor de Úbeda llama a declarar a los trabajadores del centro de salud que, al margen del médico, atendieron tanto al hombre que, según la versión oficial, se ahorcó en las dependencias policiales como a los dos agentes de la Policía Local que lo detuvieron

Muerte en el calabozo de Jódar: un informe del SAS agrava las lagunas en la versión policial

Imagen de archivo de los Juzgados de Úbeda.
Imagen de archivo de los Juzgados de Úbeda. / Europa Press

La investigación sobre la muerte de Cristóbal Montávez en el calabozo de la Policía Local de Jódar esquiva el archivo -que sería el segundo-, al menos de momento. El Juzgado de Instrucción número 1 de Úbeda finalmente ha citado a declarar a varios profesionales sanitarios que, al margen del médico -que ya prestó declaración en mayo-, estaban de guardia en el centro de salud galduriense la madrugada del 30 de octubre de 2020, cuando los dos policías locales investigados por posible homicidio, detención ilegal, destrucción de pruebas, lesiones y abuso de autoridad llevaron a Urgencias a Cristóbal tras arrestarlo por desórdenes públicos. Su testimonio podría arrojar luz sobre las incoherencias horarias entre las versiones de ambos agentes, el atestado de la Guardia Civil y un informe del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La información que obra en autos sitúa a Cristóbal al mismo tiempo en el centro de salud y en las dependencias de la Policía Local durante más de dos horas, entre poco después de la medianoche y cerca de las dos y media de la madrugada. Cristóbal se ahorcó en el calabozo policial usando un cordón. Esa es la versión que defienden los policías y la que figura en el informe de autopsia.

El Juzgado de Úbeda ha citado el 12 de diciembre a estos testigos después de haber rechazado en abril su comparecencia, solicitada por la familia de Cristóbal. En una providencia, consideró que sus declaraciones eran “innecesarias e inútiles al objeto de este procedimiento”. Los Montávez recurrieron esa decisión ante la Audiencia Provincial, que desestimó el recurso a primeros de noviembre. Lo normal, según fuentes cercanas al caso, era que el juez instructor decretara el archivo de la investigación. Sin embargo, citó a los testigos tan sólo un día después de la negativa de la Audiencia. El magistrado también ha llamado a declarar el mismo día a un representante del Ayuntamiento de Jódar como administración investigada. El consistorio ha recurrido la citación, pero el fiscal, como responsable civil subsidiario, ha pedido que se mantenga.

Las claves de una investigación reabierta por el Constitucional

El Juzgado de Úbeda, con otra jueza dirigiendo la instrucción, sobreseyó el caso en 2021. La Audiencia de Jaén ratificó la decisión poco después, pero, en diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional ordenó reabrir la investigación. La Sala Segunda del tribunal de garantías -con dos votos particulares discrepantes- entendió que el Juzgado de Instrucción “denegó o dejó de atender a varias de las diligencias solicitadas a lo largo del procedimiento por la acusación particular”. “La insuficiente actividad probatoria desplegada por el órgano instructor no permite mínimamente colmar las lagunas en la reconstrucción de lo sucedido, quedando sin respuesta aspectos elementales y decisivos de la instrucción como las propias circunstancias en que se produjo la muerte, el origen del cordón con el que se produjo el ahorcamiento, el concreto recorrido y las condiciones en que se produjo la detención y en particular, las razones por las que se localizaron restos de sangre del fallecido en lugar distinto de la detención o la corrección en las labores de atención o vigilancia del detenido atendido su estado”, reza aquella sentencia.

Tras las declaraciones de los policías investigados, del médico que atendió a Cristóbal y a los agentes, del registro de los ordenadores policiales y de la triangulación fallida del móvil del fallecido -la compañía explicó que no conservaba los datos después de tanto tiempo-, la familia Montávez también solicitó que el centro de salud aportara la grabación de la cámara de seguridad que apuntaba a la puerta entre las 23:30 del 29 de octubre de 2020 y las 11:00 de la mañana siguiente. Hasta entonces, sólo se habían entregado a las partes las imágenes captadas entre las 23:00 horas del 29 de octubre de 2020 y la medianoche. Es decir, el vídeo se cortaba poco antes de que los policías y Cristóbal llegaran a las instalaciones sanitarias, por lo que esa prueba servía de poco o nada. Sin embargo, fuentes de la investigación indican a este periódico que el centro de salud ya ha notificado que no guarda la grabación registrada a partir de las 00:00 horas.

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