En la Constitución hay un artículo que nos recuerda nuestro compromiso con el mantenimiento del Estado de Bienestar. Concretamente, el artículo 31 especifica que todos contribuimos al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a nuestra capacidad económica. Es una obligación de toda la ciudadanía, esa que conforma el estado social por el que se define España, según el primer artículo de nuestra Carta Magna.

Y por ese mandato que a todos nos concierne, y del que todos nos beneficiamos, no tienen cabida en este estado social, por un lado, aquellos que tratan y consiguen eludir su responsabilidad fiscal. Y, por otro, aquellos que se lucran, mediante prácticas corruptas, con los recursos públicos. Los primeros no son conscientes del país tan privilegiado en el que viven, no quieren entender que buena parte de lo que han conseguido ha sido gracias a las posibilidades que este Estado les ha proporcionado. Si no fuera por la cobertura de una educación pública que permite la igualdad de oportunidades de todos, con independencia del seno familiar en el que hayan nacido, o por una red sanitaria pública, que permite la igualdad de trato para todos, independientemente del nivel económico del paciente, o por una malla de infraestructuras públicas que facilita la comunicación por tantísimos medios, físicos y tecnológicos, es seguro que esas personas no habrían alcanzado su posición actual.

Respecto a los segundos, a los que utilizan los gastos e inversiones públicas en su único beneficio, malversando fondos públicos, corrompiendo voluntades, desprestigiando instituciones y traicionando confianzas, dañan de manera profunda y certera nuestro estado de derecho. Por su conducta hay muchos que, de manera interesada o influenciada, elevan a rango de categoría superior estas prácticas tan deleznables, provocando que la ciudadanía no valore, e incluso desprecie, las acciones que se realizan para sostener el andamiaje social. Y lo peor es que esa inhibición se hace mucho mayor entre la población más necesitada de esa red social. Es una pura perversión de nuestro privilegiado sistema social, que tanto esfuerzo ha costado construir. Y si esa cobertura va reduciendo sus efectos, mayores serán los niveles de desigualdad social, laboral y económica, implicando reducir el artículo 14 de nuestra Constitución, el que proclama la igualdad de todos los ciudadanos, a un texto sin contenido. Y los espacios que se vacíen de igualdades se rellenarán de imposiciones.