La familia de Carlos León, uno de los dos militares que murieron el pasado 21 de diciembre durante unas maniobras acuáticas en la base cordobesa de Cerro Muriano, acusa al capitán de la Brigada Guzmán el Bueno X responsable del ejercicio, el jiennense Ignacio Zúñiga, de ordenar la maniobra siendo “plenamente consciente” de que ambas víctimas no contaban con “las más elementales medidas de seguridad adecuadas para la práctica”. Así consta en el recurso de apelación presentado este jueves por la familia en el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba para que sea este, y no un juzgado militar, el que instruya el caso de cara a que los hechos puedan investigarse como homicidio doloso. En el documento, al que ha tenido acceso Jaén Hoy, se asegura que uno de los soldados interrogados que fueron testigos de los hechos afirmó que, cuando se le propuso dejar la maniobra para otro día, Zúñiga se negó tras decir: “Me suda la polla todo, todo el mundo para adentro”.

Representados por el abogado Luis Romero Santos, los familiares del soldado sevillano Carlos León, de 24 años, se suman, así, tal y como ya habían anunciado, a los del cabo fallecido, el cordobés Miguel Ángel Jiménez, de 34, que esta semana también recurrieron ante la Audiencia Provincial de Córdoba el auto en el que el Juzgado de Instrucción cordobés se inhibió en favor del Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla.

El recurso se basa en la consideración de que los hechos han de investigarse como homicidio doloso, un delito que no está recogido en el Código Penal Militar, cuyo artículo 46 sólo tipifica el “maltrato de obra”, para el que se establecen penas de prisión de seis meses a cinco años. En cambio, en el artículo 138 del Código Penal ordinario se fijan castigos de 10 a 15 años de cárcel para el delito de homicidio. El quid de la cuestión se halla en que, de acuerdo al artículo 12 de la Ley Orgánica de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, el Código Penal Militar se aplicará en todos los casos que recoge su articulado, incluidos los que también aparecen en el Código Penal común, a excepción de aquellos en los que las penas que se establezcan en este último sean superiores a las de la jurisdicción militar, como es el caso.

Aunque el tribunal militar de Sevilla imputó, además de al capitán jiennense, a un teniente y a un sargento, la familia de León también pide que se investigue a otros mandos, unos como autores y otros como cooperadores necesarios: el general de Brigada, dos coroneles -el que aprobó las maniobras y el que estaba al mando aquel día-, el teniente coronel, el comandante y otro teniente, todos pertenecientes a la Brigada Guzmán el Bueno X del Ejército de Tierra.

Omisión de las medidas de seguridad pertinentes

En cuanto a la responsabilidad de Zúñiga, al que el Ministerio de Defensa apartó de sus funciones de inmediato, en el texto del recurso se destaca que, "habiendo podido evitar el fatal resultado de dos muertes mediante la acción que le era exigible, ha omitido, en este caso, asegurarse de disponer de las medidas de seguridad adecuadas, y en caso de que no se tuvieran, haber aplazado la práctica", algo que, de acuerdo a la versión de la familia, “fue propuesto por muchos de los soldados”, pero “fue ignorado totalmente”.

Entre otras cosas, se indica que la línea de vida que usaron las dos víctimas no era tal, sino una “cuerda guía”; que no había equipos de salvamento supervisando la tarea, ni tampoco ambulancia ni personal sanitario; que las condiciones climatológicas de frío no eran las adecuadas para hacer la práctica, que las mochilas que llevaban los militares pesaban casi 12 kilos, que no se tuvo en cuenta si estos sabían nadar o no y que no se contaba con un plan de riesgos que contemplara cómo actuar ante posibles accidentes.