La exalcaldesa de Begíjar, Eufrasia Martínez, podría tener que devolver al Ayuntamiento los gastos derivados del proceso judicial en el que se condenó al que fuera candidato de Cs a la Alcaldía begijense, Pedro Molina, por un delito de amenazas a la propia Martínez. En mayo, la Corporación municipal adoptó dos acuerdos para que fuera el Ayuntamiento, y no la entonces alcaldesa, el que cargara con los costes de todo el proceso, a pesar de que la secretaria municipal había emitido un informe desfavorable. Ahora, la Junta de Andalucía ha interpuesto un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Jaén para que queden sin efecto dichos acuerdos al considerar que la secretaria llevaba razón. Si prosperara, la exalcaldesa, que ya no ostenta cargo municipal alguno, habría de reponer la cuantía cuyo pago asumió la Administración local, un montante que asciende a unos 2.000 euros, según ha podido saber Jaén Hoy.

El primero de los dos acuerdos se alcanzó en un pleno extraordinario del pasado 12 de mayo a raíz de una propuesta de Alcaldía. Martínez la justificó arguyendo que las amenazas de Molina -que entonces ya estaba condenado en firme- se habían producido en dependencias municipales y por su condición de alcaldesa. "Me gustaría que mis compañeros y los que vengan, de algún modo, se encuentren respaldados por el Ayuntamiento. Creo que es muy injusto que tú estés aquí trabajando para que te gastes el dinero en abogados y en juicios que son por tu cargo. Porque yo, con vecinos, no había tenido palabras en mi vida, y da la casualidad de que, desde que estoy en el cargo, estoy teniendo palabras", dijo la entonces alcaldesa en ese pleno. Tanto el grupo municipal del PSOE como el de concejales no adscritos respaldaron esos argumentos.

Amenazas por un asunto personal, según la secretaria

La secretaria municipal reconoció que la normativa contempla que los miembros de las Corporaciones locales perciban indemnizaciones por gastos derivados del ejercicio de sus cargos, entre los que pueden hallarse costes de defensa jurídica en el caso de que sean demandados o denunciados, pero sólo si se da una serie de requisitos recogidos en una sentencia del Tribunal Supremo del 4 de febrero de 2002: básicamente, que la inculpación no venga de un asunto personal y que no haya intereses particulares en ello.

He ahí el quid de la cuestión: la secretaria concluyó que, más allá de que en este caso la exalcaldesa no fuera la demandada, sino la demandante, el proceso judicial en cuestión había sido "fruto de un enfrentamiento con un particular del ámbito privado que nace de una disputa previa en la que ni siquiera intervino doña Eufrasia". En concreto, un conflicto entre la pareja de Martínez y el excandidato de Cs condenado por las amenazas, tal y como ha confirmado este medio. Por ende, en el informe se sentencia: "No concurren los presupuestos exigibles para que una Administración pública asuma los gastos de representación y defensa".

A pesar de ello, la propuesta salió adelante con los votos a favor del grupo municipal del PSOE y de dos de los concejales no adscritos. Otra edil no adscrita y la propia Martínez se abstuvieron. Posteriormente, en otro pleno celebrado el 23 de mayo, se acordó levantar el reparo de la secretaria municipal.

Al primer pleno no asistió ningún concejal de los que aún representaban al PP en la Corporación de Begíjar. Cabe recordar que Eufrasia Martínez llegó a la Alcaldía en enero de 2022, cuando aún estaba ligada a los populares, tras prosperar una moción de censura que su partido firmó junto a la única edil de IU contra el socialista Diego Soriano. Sin embargo, Martínez abandonó el PP en abril de 2023 y se pasó al grupo de no adscritos. Según denunció públicamente, los de Erik Domínguez la usaron como mujer de paja simplemente para contar con una Alcaldía más en la provincia.