El jurado popular ha declarado culpable, por siete votos a favor y dos en contra, al funcionario del Centro Penitenciario Jaén II que estaba acusado de haber aceptado dinero de diversos reclusos entre 2019 y 2020 por gestionarles permisos de salida y vis a vis, además de por facilitar que pudiera llegarles comida, bebida y teléfonos móviles, entre otras cosas, desde fuera de la prisión. La Fiscalía pedía para él un castigo de seis años entre rejas por un delito continuado de cohecho.

De acuerdo a la investigación llevada a cabo por la Guardia a Civil a raíz de la denuncia de una serie de internos, el funcionario, supuestamente, se informaba de qué reos habían sido propuestos en la junta de tratamiento para recibir permisos de salida y, posteriormente, les prometía a estos que les conseguiría dichos permisos si le pagaban cantidades que iban, normalmente, entre los 150 y los 500 euros. La Fiscalía también había acusado de cohecho a un educador del centro penitenciario que, presuntamente, le facilitaba al funcionario los nombres que se habían puesto sobre la mesa en la junta de tratamiento y que también habría aceptado 5 gramos de cocaína de un recluso a cambio de hacerle un informe favorable, pero falleció el año pasado.

Versiones contradictorias durante el juicio

El tribunal del jurado ha leído su veredicto este viernes después de varios días de un juicio que comenzó el lunes. En la primera sesión de la vista acogida por la Audiencia Provincial, el funcionario negó todos los cargos que se le imputaban y aseguró que, si estaba sentado en el banquillo de los acusados, era por venganzas personales de algunos reclusos y por desavenencias con la dirección de la prisión.

Como testigos declararon varios internos, el primero de los cuales no dudó en definir al funcionario como un “corrupto”, a pesar de lo cual aseguró que nunca le había visto recibir dinero de ningún preso. Posteriormente prestaron declaración, como testigos protegidos, tres exreclusos de la cárcel de Jaén en cuyo relato acusatorio se basó parte de la investigación policial. Todos negaron haber pagado dinero al funcionario a cambio de favores, pero indicaron que sí que oyeron, en su momento, cómo otros presos hablaban de sus tratos ilícitos con el trabajador y que vieron que a algunos de estos les llegó bebida, comida, ropa y móviles al centro penitenciario.

Por su parte, el director de la prisión, Juan Mesa, que también compareció como testigo, reconoció que el funcionario tenía “interés desbordado” por conocer los nombres de los internos que se proponían para recibir permisos en las juntas de tratamiento. Sin embargo, y aunque señaló que en alguna ocasión le llegaron rumores de los tratos que supuestamente cerraba el trabajador con otros reos, nunca tuvo pruebas de ello. También descartó, como se apuntaba desde la defensa, que él estuviera detrás de las acusaciones al funcionario.

Mesa también valoró el trabajo que se lleva a cabo dentro de las instalaciones ajeno a todo tipo de corrupción. “La plantilla del centro penitenciario no solamente destaca por su buen trabajo, sino por su integridad. Es posible que, en alguna ocasión, pueda haber algún acto que sea inadecuado, pero estoy seguro de que los propios compañeros, inmediatamente, pondrían las cosas en su sitio”, afirmó ante los periodistas tras prestar declaración este miércoles.