El casco histórico de Jaén se está convirtiendo en uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad pero, a pocas decenas de metros del entorno de los Baños Árabes o el Refugio Antiaéreo, hay un barrio cuyos vecinos piden ayuda a gritos. El antiguo diseño árabe de las calles del barrio de San Juan no ayuda a la prestación de servicios como la limpieza o la seguridad. De hecho los vecinos de estas calles aseguran que ambas son inexistentes de Almendros Aguilar hacia arriba.

Las familias que lo habitan son humildes. Tanto que desde la Asociación de Vecinos Torre del Concejo aseguran que muchos de sus habitantes están sumidos en “una espiral de pobreza”. “Como esto siga así el casco histórico va a acabar siendo un gueto”, avisa su presidente, Martín Paredes. Y lo dice porque, además de los escasos recursos con los que cuentan en este barrio, en la última década se han disparado las ocupaciones de decenas de casas vacías, propiedad en muchos casos de fondos buitre. Así se explica que abunden las viviendas con las puertas y las ventanas cerradas.

Testimonios de primera mano

Serpenteando entre escalones que apuntan a las faldas del Castillo de Santa Catalina vive Amalia. No es su verdadero nombre porque, al igual que la mayoría de los protagonistas de este reportaje, la única condición que pone para hablar con Jaén Hoy es mantener su anonimato. Ahora tiene 41 años y cuatro hijos pero cuando buscó la salida de la okupación estaba sola con la mayor de ellas.

Calle Las Cumbres.

“He estado en cinco casas diferentes y siempre en el mismo barrio. Entraba con lo justo: un colchón, un hornillo y poco más. Siempre por necesidad. No tenía otra salida”, cuenta en el salón de la que ahora es su casa en propiedad. Durante trece años ocupó diferentes casas propiedad de entidades bancarias. “La cosa siempre era igual. La Policía venía a la casa y veían que estábamos dentro. Después llegaba la carta y en ese momento yo recogía mis cosas y hacía un escrito entregando las llaves, para evitar cualquier demanda”, aclara sobre el proceso que siguen los fondos buitre a la hora de expulsarles.

Sin interlocución bancaria

Amalia asegura que en más de una ocasión quiso hallar alguna forma con la propiedad de estas viviendas para adquirirlas con un método de pago pactado, algo que, según sus palabras, siempre se le denegó. “La culpa la tienen los bancos. No mantienen las casas y los precios que piden por ellas no están acorde al estado en el que se encuentran, porque la mayoría están abandonadas”, defiende. Un argumento con el que coincide de pleno nuestra siguiente protagonista.

Su nombre ficticio es Esperanza y, al igual que Amalia, una ruptura la dejó en la calle, con una hija pequeña y habiendo sufrido maltrato por parte de su ex pareja. “Yo siempre he estado dentro de la legalidad, pero con la ayuda que tenía no me daba para pagar ningún alquiler. La ocupación no me gusta pero, en ese momento en que no tenía otra cosa, una familia que conocía me dijo que iban a dejar la casa en la que se encontraban y que me la podía quedar yo”, narra esta mujer de 40 años.

Calle Positillo.

Le pidieron dinero. A ella una cantidad inferior a los 400 euros pero hay mafias en el barrio que por alguna de estas casas, que han abierto previamente, llegan a pedir hasta 1.000 euros. “Estuve un año y la verdad es que lo pasé mal. Es muy duro y se pasa miedo. No tenía agua corriente. Tenía que bajar con garrafas a la Fuente de los Caños a coger agua. Cocinábamos con un hornillo y cuando nos teníamos que bañar calentábamos agua y la echábamos en una tina, y después echar el agua por el váter. Es muy fuerte vivir algo así. Y encima con el miedo de que se enteraran los servicios sociales y me quitasen a mi hija”, cuenta entre interrupciones provocadas por el llanto.

Miedo de andar solas

Ahora Esperanza y su hija ya no son okupas pero siguen viviendo en el barrio de San Juan y denuncia esta madre que la situación de inseguridad es insostenible. “Yo tengo miedo cada vez que mi hija sale con sus amigas. Menos mal que ahora es algo más mayor y han cerrado los descampados que hay porque, siendo más pequeña, mi hija ha visto a gente drogarse”, asevera añadiendo que ella misma tiene miedo de transitar sola durante las noches.

Sobre esta sensación de inseguridad pone también el foco de atención Carlos, un vecino de 30 años asciende por la calle Las Cumbres, en dirección a su casa. Él también pide el uso de un pseudónimo pues tiene miedo de que sus palabras en este reportaje puedan ocasionarle problemas con sus nuevos vecinos. “Las familias que viven en este barrio de toda la vida, aunque estén de okupas no dan problemas, pero está llegando gente de fuera que se dedican a actividades delictivas. Esta gente hace daño a sus vecinos y también hace que las personas que ocupan porque tienen una necesidad real estén señaladas”, resume este joven jiennense.

Calle Alegría.

Porque estas mismas personas que, en los casos de Esperanza y Amalia, ocuparon una casa por necesidad, reconocen que en muchas casos los okupas se hacen con viviendas cerradas para usarlas como puntos de producción y venta de drogas. “Lo hacen en casas que saben que están abandonadas y en barrios en los que no hay control policial”, expone el joven. Es él quien explica que uno de los signos que nos dicen que una casa está okupada es que hay un agujero bajo el tranco de la entrada para engancharse al agua corriente.

Posibles soluciones

A finales del mes de septiembre hubo una reunión entre la Asociación de Vecinos Torre del Concejo y los ediles Maribel Lozano y Antonio Losa. Martín Paredes, presidente de la Asociación, asegura que fue satisfactoria. Ellos le pidieron al Ayuntamiento una especie de registro de viviendas y parque público de vivienda en la zona. “Los políticos tienen que tener la valentía de dar una solución a este problema que es un problema político”, solicita Paredes. Además dice que se debería hacer responsables a las entidades propietarias de estas viviendas de su mantenimiento. “Y la Policía Local debe acceder al corazón del barrio. No digo que no hagan nada pero deben hacer más”, demanda Paredes. Y lo hace afirmando que desde la Asociación de Vecinos no juzgan a quien okupa una casa de un banco siempre que no lo haga para delinquir, aunque confirma que “los que okupan para la delincuencia son capaces de fastidiar una calle o incluso un barrio entero”.

El Ayuntamiento por su parte afirma que está estudiando la problemática con la que cuenta este histórico barrio de la capital. Desvelan que desde el Patronato de Asuntos Sociales se está realizando “una auditoría interna de las viviendas sociales” que gestiona el Ayuntamiento, “para ver su estado y situación, también en lo relacionado con la ocupación ilegal”. Otra demanda de los vecinos es la implantación de algunas enseñanzas universitarias en los edificios en construcción (como la Caja de Música) en el barrio. “Que haya movimiento de gente joven en nuestras calles porque los jóvenes al ver lo que hay se van”, asevera Martín Paredes.

Él es técnico de empleo y jurídico y trabaja con la Asociación de Mujeres La Muralla. Desde esa posición defiende que “la mayoría de las familias son humildes y okupan por necesidad”, aunque reconoce que “hace años que la convivencia en el barrio no es la misma”.